Tabasco
Estudiantes y personal de la UAS protestan contra presunta persecución política en el Gobierno de Sinaloa
La Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) ha sido escenario de una importante movilización protagonizada por estudiantes del área de la salud y personal administrativo, quienes cerraron la avenida Álvaro Obregón frente a la Catedral de Culiacán en un acto de protesta contra lo que perciben como una campaña de odio dirigida hacia la institución por parte del Gobierno de Sinaloa.
José Carlos Aceves Tamayo, Secretario General del Sindicato Único de Trabajadores de la UAS, lideró la movilización, destacando que el objetivo principal era defender la autonomía universitaria frente a las audiencias programadas para los días martes, miércoles y jueves, que involucran a Jesús Madueña Molina y Robespierre Lizárraga Otero, separados de sus cargos por supuestos casos de abuso de autoridad.
Aceves Tamayo explicó que esta movilización forma parte de una estrategia planificada para defender los intereses de la UAS a corto, mediano y largo plazo, especialmente frente a lo que perciben como presiones injustas por parte del Gobierno estatal.
El titular del Suntuas manifestó que estas acciones de protesta continuarán en las unidades regionales de la UAS, con el objetivo de sensibilizar a la sociedad sobre lo que consideran una persecución política por parte del Gobierno del Estado.
A pesar de los intentos de diálogo con las autoridades estatales, Aceves Tamayo denunció que la presunta campaña de odio hacia la universidad persiste, lo que dificulta encontrar soluciones constructivas a los problemas que enfrenta la institución.
Finalmente, enfatizó que estas manifestaciones no representan una pérdida de clases, sino un esfuerzo por garantizar el futuro académico de los estudiantes de la UAS y preservar la autonomía universitaria ante lo que perciben como intentos de interferencia externa en su funcionamiento y toma de decisiones.
Tabasco
Reprueba Congreso cuentas públicas 2024 de Cunduacán, Jalpa de Méndez y Paraíso por graves irregularidades
La Comisión de Auditoría Gubernamental detectó observaciones millonarias no solventadas; los exalcaldes Abraham “Chelo” Cano, Nuris López y Ana Luisa Castellanos, en la mira del OSFE.
Villahermosa, Tabasco.– La Comisión Ordinaria de Auditoría Gubernamental y Cuentas Públicas del Congreso del Estado reprobó las cuentas públicas 2024 de los municipios de Cunduacán, Jalpa de Méndez y Paraíso, tras detectar graves observaciones señaladas por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado (OSFE) que no fueron solventadas.
Los municipios señalados fueron encabezados ese año por Abraham “Chelo” Cano González (independiente, Cunduacán), Nuris López Sánchez (Morena, Jalpa de Méndez) y Ana Luisa Castellanos (PRD, Paraíso), quienes ahora enfrentan posibles sanciones administrativas o denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE).
De acuerdo con el organismo fiscalizador, los pendientes por aclarar ascienden a:
Paraíso: 105 millones 377 mil 497 pesos.
Cunduacán: 41 millones 088 mil 952 pesos
Jalpa de Méndez: 66 millones 661 mil 607 pesos
El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Jorge Bracamonte, aclaró que las reprobaciones obedecen a criterios técnicos del OSFE y “no a decisiones políticas”. Añadió que el pleno del Congreso votará el próximo jueves las cuentas públicas de los tres poderes del Estado y de los 17 municipios, donde se prevé ratificar los dictámenes negativos contra los tres ayuntamientos.
En la misma sesión, la Comisión aprobó las cuentas 2024 del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como de organismos autónomos como el IEPCT, el Tribunal Electoral, la CETAI, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Fiscalía General del Estado y el Tribunal de Justicia Administrativa. También fueron aprobadas las cuentas de los municipios de Balancán, Cárdenas, Centla, Centro, Comalcalco, Emiliano Zapata, Huimanguillo, Jalapa, Jonuta, Macuspana, Nacajuca, Tacotalpa, Teapa y Tenosique.
Bracamonte precisó que, en caso de ratificarse las reprobaciones en el pleno, el OSFE será el encargado de aplicar sanciones y, en su caso, presentar denuncias formales ante la Fiscalía estatal por presunto daño al erario.
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