Lilia Paredes, la esposa del expresidente peruano Pedro Castillo, actualmente asilada en México, puede ser condenada a un mínimo de ocho años de prisión en el proceso que se le sigue por presuntamente integrar una organización criminal al interior del Gobierno de Perú, afirmó este jueves la Fiscalía.

“Este Ministerio Público concluye, como prognosis concreta de pena (conocimiento anticipado de un suceso), que al momento de llegarse a condenar, si es que así fuera, se le impondría no menos de 8 años de pena privativa de la libertad”, sostuvo el fiscal José García.

Al presentar los argumentos del pedido de variación de comparecencia simple a 28 meses de prisión preventiva contra Lilia Paredes y otros investigados, el fiscal dijo que se atribuye a la ex primera dama ser “coordinadora de una presunta red criminal en el Ejecutivo” que presidió su esposo entre julio de 2021 y diciembre de 2022, cuando fue destituido por el Congreso tras intentar dar un golpe de Estado.

La defensa de la esposa de Pedro Castillo rechazó esos argumentos y señaló que la “prognosis es una tema a futuro, es una hipótesis” y “para la defensa no se va a poder condenar” a su patrocinada “porque no existen elementos ni graves ni fundados”.

“La defensa está convencida de que este caso va a decaer con el tiempo” remarcó antes de indicar que “en el supuesto de una sentencia esta sería de un máximo de 4 años”, lo que no implicaría el ingreso en prisión.

Justiniano comenzó este jueves a analizar la solicitud de variación de la situación judicial de Paredes tras postergarla en repetidas ocasiones, la última de ellas el pasado lunes, por pedidos de los abogados o para que se corrijan errores en la carpeta fiscal.

El juez rechazó en marzo pasado un primer pedido de imponer 36 meses de prisión preventiva a Paredes, tras declarar “fundada la nulidad” de la solicitud fiscal, que fue presentada por los abogados de la ex primera dama y sus hermanos Walter y David, investigados por presunta colusión y organización criminal.

En ese momento, el juez dijo que la Fiscalía debió solicitar primero que se revoque la orden de comparecencia simple dictada a los investigados antes de pedir directamente la prisión preventiva.

La esposa de Castillo y sus hermanos son investigados por la presunta organización criminal que, según la denuncia, dirigió el ahora exgobernante para obtener sobornos y entregar obras públicas a empresarios amigos, así como designar a sus allegados en puestos públicos a cambio de dinero y favores políticos.

El pasado 7 de diciembre, tras intentar dar un golpe de Estado, Castillo emprendió camino hacia la Embajada de México con su esposa y sus hijos menores de edad, pero fue detenido, aunque sus familiares sí lograron llegar a la representación diplomática y luego recibieron asilo del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Castillo permanece desde entonces en prisión preventiva mientras es investigado por rebelión y conspiración, así como por los casos de presunta corrupción al interior de su Gobierno.