Internacionales
El niño activista al que, tras cinco años en prisión, Arabia Saudí quiere crucificar
El aquel entonces el pequeño Murtaja Qureiris apenas tenía diez años cuando, en una concentración de chiquillos con bicicletas, lanzó megáfono en mano una súplica: “El pueblo reclama derechos humanos”.
Por aquel episodio fue detenido durante tres años después y ahora, recién cumplida la mayoría de edad, se enfrenta a la pena capital, con la petición del fiscal de que su cuerpo sea sometido a la crucifixión pública y la desmembración.
Murtaja se ha convertido en el enésimo icono del calvario que sufren quienes desafían a la monarquía saudí del príncipe heredero Mohamed bin Salman.
El joven procede de una provincia del este de Arabia Saudí y creció en una familia de activistas de la minoría chií, que denuncia décadas de marginación.
Un argumento que rechazan las organizaciones de derechos humanos. “Las autoridades saudíes tienen un escalofriante historial de uso de la pena de muerte como arma para aplastar la disidencia política y castigar a los manifestantes antigubernamentales, incluidos menores de la perseguida minoría chií del país”.
Así lo denuncia Lynn Maalouf, directora de investigación de Amnistía Internacional en Oriente Próximo. Un decapitación que ahora sobrevuela sobre el sombrío porvenir del pequeño Murtaja.
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Washington, D.C.– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que las fuerzas estadounidenses destruyeron un submarino semisumergible que estaba siendo utilizado para el tráfico de drogas en el mar Caribe, cerca de la costa venezolana.
El ataque, realizado el 16 de octubre de 2025, dejó un saldo de seis presuntos narcotraficantes muertos y dos sobrevivientes capturados, quienes actualmente permanecen bajo custodia en un buque de la Marina de los Estados Unidos. Trump calificó a los atacantes como “narcoterroristas” y señaló que el gobierno de Nicolás Maduro ha ofrecido “todo” para evitar un enfrentamiento directo con Estados Unidos.
Estas acciones forman parte de una campaña militar estadounidense dirigida a combatir el narcotráfico en la región, que ha incluido ataques a embarcaciones vinculadas a organizaciones criminales venezolanas desde septiembre de 2025.
El gobierno de Venezuela ha reaccionado denunciando estas operaciones como violaciones a su soberanía y ha movilizado a su milicia, mientras que en Estados Unidos algunos legisladores cuestionan la legalidad de los ataques sin la aprobación del Congreso.
Trump enfatizó que las acciones buscan interrumpir las rutas de narcotráfico y desmantelar las estructuras criminales en la región, reafirmando el compromiso de su administración de mantener el control sobre el tráfico de drogas en el Caribe.
El hecho genera preocupación internacional por la escalada de operaciones militares y plantea interrogantes sobre las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela, así como sobre la seguridad en la región fronteriza del Caribe.
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