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Detienen a implicado en construcción de la Estela de Luz por uso indebido de atribuciones
La Fiscalía General de la República (FGR) ha arrestado a Domitilio ‘B’, quien ocupaba el cargo de gerente jurídico en la construcción de la Estela de Luz, por su presunta participación en el delito de uso indebido de atribuciones y facultades.
La detención tuvo lugar en Ramos Arizpe, Coahuila, y Domitilio ‘B’ fue llevado ante el Juez Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México, con sede en el reclusorio Oriente.
Según la información proporcionada por el fiscal Alejandro Gertz Manero, en línea con la política de cero corrupción, el detenido era el gerente jurídico de una compañía filial de Pemex encargada de suministrar recursos para la construcción de la Estela de Luz, una obra promovida durante el mandato de Felipe Calderón Hinojosa como presidente de la República.
El costo de esta obra superó los mil millones de pesos en ese momento. El Ministerio Público Federal (MPF) de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) presentó ante el juez la orden de aprehensión, basada en elementos sustanciales, que fue otorgada al considerar la validez de dicho mandato judicial.
En las próximas horas, la autoridad judicial tomará una decisión sobre la situación legal del imputado.
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción inició una carpeta de investigación en contra de la presidenta municipal de Acapulco, tras una denuncia que señala la presunta entrega de un objeto de lujo mientras ejercía funciones públicas.
De acuerdo con la información disponible, el señalamiento se relaciona con un collar valuado en aproximadamente 227 mil pesos, cuya entrega habría ocurrido durante el desempeño del cargo, lo que podría configurar un posible caso de cohecho, dependiendo del contexto y las circunstancias en que se habría recibido.
Como parte del procedimiento, la Fiscalía ya citó a la funcionaria para rendir su declaración, con el objetivo de esclarecer los hechos y determinar si el obsequio constituye una falta administrativa o un delito conforme a la legislación vigente.
Será la autoridad competente la encargada de establecer si existen elementos suficientes para proceder legalmente o, en su caso, descartar cualquier irregularidad, en apego al debido proceso y a la presunción de inocencia.
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