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La Internacional Villahermosa

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Desmantelan red de pornografía infantil en CDMX

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La Fiscalía Capitalina dio a conocer que luego de diversas denuncias y del trabajo de investigación se logró desmantelar una red de pornografía infantil, dirijida por un hombre y una mujer que también ya fueron detenidos y se espera imponer un castigo ejemplar para evitar que casos similares se repitan aquí.

Según el expediente del caso, fue encontrado un estudio de grabación, así como diversos dispositivos de almacenamiento, que contenía fotografías y videos de menores de edad. Al ser analizados, fueron localizados más de 158 mil fotografías y aproximadamente tres mil 500 videos, tanto de la víctima en actos de carácter sexual y/o exhibicionismo con los imputados, así como de otras posibles víctimas menores de 18 años.

De acuerdo a la escala de Tanner, mecanismo utilizado por especialistas para estimar la madurez sexual de las personas, las edades de algunas de las personas menores de edad que aparecen en esos archivos oscilan entre los cinco y siete años de edad, y se les observa realizando actos sexuales reales o de exhibicionismo corporal con personas adultas, en una situación de agresión sexual.

“Nuestros ministerios públicos, como verdaderos tribunos, obtuvieron la vinculación a proceso de un hombre y una mujer, por su probable participación en el delito de trata de personas, en su modalidad de pornografía de personas menores de edad”.

“Este caso inició por una denuncia contra Sayuri “N” y Víctor “N”, por el delito de violación en agravio de una menor. El denunciante nos refirió que, a mediados de 2019, su hija empezó a tomar clases de regularización con dichas personas. Sin embargo, de acuerdo con la indagatoria, los imputados posiblemente habrían tomado fotografías y videos a la menor de edad en actos de carácter sexual reales o en exhibicionismo”, destacó la Fiscal General.

Derivado de los datos de prueba presentados por esta Fiscalía General de Justicia, un juez de control dictó auto de vinculación a proceso a Sayuri “N” y Víctor “N”, por su probable participación, a título de autores materiales, del delito de trata de personas en su modalidad de pornografía de personas menores de 18 años de edad.

Se fijaron dos meses para el cierre de investigación complementaria y se les ratificó la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar, y se encuentran ya en el Reclusorio Sur.

Godoy Ramos dio a conocer que sigue combatiendo los delitos y agresiones en contra de las mujeres, detalló que del en esta primera quincena de septiembre se llevaron a proceso a 99 personas acusadas de diversos delitos en contra de mujeres, adolescentes y niñas, como resultado del cumplimiento de 31 órdenes de aprehensión, así como 68 detenciones en flagrancia.

De estas personas, 61 fueron imputadas por violencia familiar; 24 por abuso sexual; siete por violación; cuatro por acoso sexual, mientras que, por feminicidio, trata de personas y contra la intimidad sexual, registramos un caso en cada uno de estos delitos.

Nacionales

Organizaciones exigen a Sedena comprobar que no utilizó Pegasus para espiar a periodistas y activistas

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Foto: Internet

La Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), Artículo 19 y Social Tic exigió al gobierno y a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) presentar pruebas que contradigan su informe Ejército Espía.

Con su publicación, las entidades aseguraron que las Fuerzas Armadas intervinieron el celular de dos periodistas y un activista de derechos humanos. Sin embargo, tanto el ejército como el Gobierno federal negaron los hechos.

Debido a esto, organizaciones insistieron que “la Sedena no desvirtúa de forma alguna lo publicado en la investigación ‘Ejército Espía’”. Es decir, “no refuta dos hechos comprobados con diversos documentos, cuya autenticidad no ha sido puesta en duda”.

En este sentido, las entidades no gubernamentales solicitaron a las Fuerzas Armadas que publiquen la totalidad de los contratos relacionados a la contratación y prestación del “Servicio de Monitoreo Remoto de Información”.

Así mismo, señalaron que presentaron los contratos del Gobierno con empresas que utilizan este software y que, al ser cuestionados al respecto, omitieron la información.

Por esto, pidieron “responder si los documentos que demuestran la contratación con Comercializadora Antsua S.A. de C.V. y el ocultamiento de la misma ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Fiscalía General de la República (FGR) y R3D son falsos o auténticos”.

Dentro de sus demandas, también incluyeron la de especificar si las acciones de inteligencia, como las llamó el presidente López Obrador, incluyen la intervención de comunicaciones privadas de civiles.

Además, aseguraron que no se presentaron pruebas para contradecir el uso del malware Pegasus en contra del activista Raymundo Ramos y de los periodistas, Ricardo Raphael y un miembro de Animal Político, tal como ha sido comprobado por Citizen Lab.

Las organizaciones señalaron que la Sedena se contradijo, ya que admitió que utilizó el software Pegasus entre 2011 y 2013.

Sin embargo, “los hallazgos de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes en los que se revela el uso de Pegasus por parte del Ejército después de 2013″.

Adicionalmente, hicieron énfasis en que la Sedena no está facultada legalmente para intervenir los dispositivos de civiles, por lo que llevarlo a cabo va en contra de la constitución.

“La Sedena afirmó no haber solicitado autorización judicial para intervenir comunicaciones privadas (…) por lo que aún si tuviera facultades legales, cualquier intervención de comunicaciones que la SEDENA haya llevado a cabo es ilegal”, señalaron.

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