El gobierno de Arturo Núñez gastó 3 mil 500 millones de pesos más fuera del presupuesto, incurriendo en despilfarro en nómina y uso de vehículos para uso personal, denunció el gobernador Adán Augusto López Hernández.

El mandatario señaló que conforme avanza la revisión de la administración se han encontrado más irregularidades, y el déficit presupuestal ya asciende a  6 mil millones de pesos.

“Parte de los recursos se usaron para pagar salarios, incluso a un  proveedor de la Secretaría de Salud extrañamente le depositaron el 28 de diciembre, 80 millones de pesos, por concepto de un adeudo que tenían con él. Espero que la Secretaría de la Función Pública haga lo que le corresponde, pues hay organismo donde se detectaron desviaciones, curiosamente, entre marzo y junio del año pasado en uno ya detectamos que hay malversación de fondos y desvío de recursos más o menos por 200 millones de pesos”, precisó.

 Y subrayó:

“¿Son dependencias estatales?, sí, no puedo darles detalle por el debido proceso pero hay muchas irregularidades administrativas y financieras. Hay un ayuntamiento donde detectamos que de mayo a junio pasó de 2 millones de pesos que recibía por concepto mensuales a 70 y tantos millones de pesos coincidentemente con la jornada electoral”, refirió.

En cuanto al despilfarro, explicó que en una de las dependencias donde se notó fue en la representación del Gobierno del Estado en la Ciudad de México, la cual costaba 60 millones de pesos al año.

“Se ha detectado, tan solo en la representación del gobierno del estado en la CDMX costaba 60 millones de pesos al año y habían cerca de 70 trabajadores, por eso se va a cerrar la representación, van a quedar entre tres y cinco personas a cargo. Una flotilla de cerca de 30 vehículos entre camionetas suburban, ocho camionetas de escoltas las cuales se desconoce al servicio de quién estaban, una multitud de vehículo que van a ser reasignados a otras áreas acá, era un gasto innecesario”, dijo.

Además, señaló que el Sistema Estatal Anticorrupción es una paradoja que tiene o tenía un secretario ejecutivo que ganaba 90 mil pesos y una serie de empleados de confianza que no se requieren, con un costo que superaba los 30 millones de pesos al año.

Ante ello, sentenció que seguirán las revisiones y las autoridades podrán las demandas.

El mandatario afirmó que harán las cosas de manera profesional y no habrá especulaciones por lo que las demandas serán contra quien resulten responsables, “yo les comento lo que se encuentra y seguirán encontrándose. No vamos a hacer cacería de brujas”.

De igual modo, consideró que el despilfarro en que se incurrió  puede ser técnicamente un quebranto financiero, refiriendo que no es que se lo hayan llevado pero sí lo pudieron comprometer con anticipación.