Nacionales
Dan 180 años de prisión a secuestradores en Chiapas
La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que tres personas fueron sentenciadas a 180 años de prisión por el delito de secuestro agravado en contra de dos personas, en el municipio de Suchiate.
Mediante un comunicado, la institución, a través de la Fiscalía Antisecuestro confirmó que obtuvo en primera instancia judicial, la sentencia condenatoria para estas personas.
Precisó que el Juez de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Tapachula, dictó la sentencia condenatoria en contra de Arianne “N”, Ezequiel “N” y Pablo “N”.
Además, deberán pagar una multa y la reparación del daño, por el delito de secuestro agravado, aunque la fiscalía no precisó de los montos de ambas cantidades.
“De acuerdo a la Carpeta de Investigación, el 1 de noviembre de 2020, las víctimas de identidades reservadas viajaron del municipio de Tonalá al municipio de Suchiate, en compañía de una persona del sexo masculino, quien los privó de su libertad conjuntamente con los hoy condenados, quienes solicitaron a los familiares el pago de un rescate“, estimó la fiscalía.
Sentencia en su conjunto, por este delito, suma 540 años de prisión en contra de estos delincuentes, confirmó la autoridad.
La fiscalía chiapaneca aseguró que mantiene la atención sobre estos casos, y que buscará sanciones ejemplares en contra de quienes priven de su libertad a otras personas.
Nacionales
Topo Chico evita juicio tras acuerdo con Hacienda por más de 2 mil 500 millones de pesos
La embotelladora Topo Chico S. de R.L. de C.V., filial de Arca Continental e integrante del sistema de The Coca-Cola Company, concluyó un procedimiento penal por presunta defraudación fiscal luego de alcanzar un acuerdo reparatorio con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), mediante el cual realizó un pago superior a 2 mil 500 millones de pesos.
De acuerdo con la información disponible, el convenio fue validado por el Órgano Especializado de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (OEMASC), adscrito a la Fiscalía General de la República (FGR). Este mecanismo permitió dar por concluido el proceso penal sin que el caso llegara a juicio.
Como parte del acuerdo, la empresa cubrió un total de 2 mil 593 millones 986 mil 788 pesos, monto con el que quedó reparado el daño reclamado por la autoridad fiscal y solventado el adeudo derivado de la investigación.
Las autoridades señalaron que este tipo de mecanismos están contemplados en la legislación mexicana para resolver determinados procedimientos penales mediante la reparación del daño, siempre que se cumplan los requisitos legales. En este caso, el cumplimiento del acuerdo permitió extinguir la acción penal relacionada con la presunta defraudación fiscal.
El caso se enmarca en las acciones impulsadas por el Gobierno federal para reforzar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, recuperar recursos para la hacienda pública y promover mecanismos legales que faciliten la resolución de controversias fiscales.





