El Tribunal Supremo de Estados Unidos desestimó este viernes una demanda de los fiscales republicanos de Texas y Luisiana contra el presidente Joe Biden por su política migratoria que permite priorizar a cuáles ciudadanos no deportar, en función de si representan una amenaza a la seguridad pública.

Por 8 votos contra 1, los jueces desestimaron la demanda que pedía detener la implementación de la guía de prioridades de la Administración de Biden, que pide a los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) enfocar sus esfuerzos de detención en inmigrantes que suponen un peligro para la seguridad del país.

Según el máximo tribunal de EE.UU., los estados no tienen legitimación para demandar. Esta decisión podría servir como precedente para sentar las bases de cuándo un estado puede impugnar una política federal.

Texas y Luisiana habían demandado las políticas de deportación de Biden, emitidas en febrero de 2021, que instruyen a la agencia del Gobierno encargada de aplicar las leyes migratorias a dar prioridad a la hora de arrestar y deportar a los inmigrantes que sean considerados como una amenaza para la seguridad nacional, quienes hayan cruzado recientemente la frontera de manera irregular o los que hayan cometido ciertos crímenes graves.

Los estados demandantes aseguraban que la directriz es ilegal ya que, por ley, el servicio de ICE tiene el deber de detener a todos los migrantes indocumentados que hayan cometido crímenes o tengan órdenes finales de deportación.

Según el fallo dado a conocer hoy, redactado por el juez conservador Brett Kavanaugh, los impugnadores no tienen capacidad legal para demandar por el plan y esta fue una demanda “extraordinariamente inusual” porque buscaba “ordenar al poder ejecutivo que modifique sus políticas de arresto para realizar más arrestos”.

Los tribunales federales, añadió, “normalmente no escuchan tales casos” pues hay “otros foros que permanecen abiertos” para que los estados expresen sus preocupaciones.

Después de que Biden promulgara esta regulación, que impone normas diferentes a las dictadas por su antecesor Donald Trump (2017-2021), Texas y Luisiana impugnaron de inmediato el plan en los tribunales.

Estos argumentaron que la normativa federal de inmigración requiere que ciertos inmigrantes indocumentados, incluidos los condenados por delitos graves, tráfico de personas y algunos delitos con armas, deben ser detenidos después de ser liberados de la custodia penal.

La política de Biden, que requería una evaluación individual de si un inmigrante es una amenaza para la seguridad pública o la seguridad nacional mientras el Gobierno inicia el proceso de deportación, desafiaría ese requisito, apuntaban los estados.