La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la prisión vitalicia en Chihuahua, señalando que va en contra del modelo de reinserción social estipulado en el artículo 18 de la Constitución. La decisión invalida el artículo 127 del Código Penal estatal, que permitía esta sanción en casos de homicidios múltiples.

El amparo resuelto por el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena no libera al condenado, sino que obliga al juez a reconsiderar una pena proporcional de 20 a 50 años, conforme al marco legal vigente en el momento de los hechos. La Corte enfatizó que el fallo no implica impunidad, sino una adaptación a los principios constitucionales.

La ministra Yasmín Esquivel Mossa subrayó que la prisión perpetua impide cumplir con la reinserción social al carecer de mecanismos educativos y laborales para los reos. Este fallo establece un precedente clave en la armonización de las penas con los derechos humanos y los principios del sistema penitenciario mexicano.