El Congreso del Estado de Veracruz aprobó una reforma al Código Penal que establece penas de dos a cinco años de prisión y multas de 100 a 500 Unidades de Medida y Actualización (UMAs) para quienes se apoderen de mercancías, objetos o bienes transportados en vehículos involucrados en accidentes carreteros.

La modificación busca sancionar los actos de rapiña cometidos cuando las personas aprovechan las condiciones de vulnerabilidad, confusión o desorden generadas por accidentes, siniestros o hechos de tránsito para sustraer productos de unidades de transporte públicas o privadas.

La reforma fue aprobada con 46 votos a favor, sin votos en contra ni abstenciones, mediante un dictamen elaborado por las Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales y de Comunicaciones.

La iniciativa fue presentada el 14 de mayo de 2026 por el diputado Omar Edmundo Blanco Martínez y contempla la incorporación del artículo 207 Bis al Código Penal del Estado de Veracruz.

Buscan proteger a transportistas y evitar saqueos

De acuerdo con el dictamen legislativo, esta medida tiene como finalidad fortalecer la seguridad en las carreteras, proteger el patrimonio de particulares, transportistas y empresas, así como prevenir el saqueo de mercancías después de accidentes viales.

Los legisladores señalaron que estas conductas pueden agravar las consecuencias de un accidente, poner en riesgo la integridad de las personas involucradas y dificultar las labores de los cuerpos de emergencia que acuden a prestar auxilio.

Asimismo, se busca brindar mayor certeza jurídica a quienes trasladan mercancías por las carreteras veracruzanas, especialmente ante situaciones en las que las unidades quedan expuestas después de un percance.

Sanciones deberán respetar el debido proceso

La reforma establece que las sanciones deberán aplicarse conforme a los principios constitucionales de legalidad, presunción de inocencia, debido proceso y proporcionalidad de las penas.

Por ello, la responsabilidad penal deberá acreditarse mediante los procedimientos legales correspondientes, tomando en cuenta las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.

Con esta modificación, el Congreso de Veracruz busca fortalecer el marco jurídico estatal para combatir los actos de rapiña y proteger tanto a las personas transportistas como a los propietarios de las mercancías que circulan por las vías de comunicación de la entidad.