El pleno del Congreso de la Ciudad de México tomó una decisión trascendental al despenalizar el delito de peligro de contagio. Con una mayoría de 42 votos a favor y solo dos en contra, se aprobó derogar el artículo 159 del Código Penal para el Distrito Federal, el cual castigaba con hasta 10 años de cárcel el peligro de contagio. La modificación también alcanza los artículos 76 y 130, con el objetivo de eliminar la criminalización de las personas con enfermedades de transmisión sexual.

El presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, Octavio Rivero, fundamentó el dictamen destacando que mantener leyes punitivas obstaculiza la prevención y el tratamiento. Argumentó que este enfoque solo disuade a la ciudadanía de buscar servicios de detección y atención, generando temor a posibles castigos y añadiendo una carga discriminatoria social.

El dictamen subraya que la tipificación del delito de peligro de contagio refleja cómo, desde una perspectiva penal, se intentaba regular la salud pública y sexual. Además, señala que no implica necesariamente que la víctima haya sido contagiada, sino que castiga el hecho de vivir con VIH.

En el marco del principio de subsidiariedad, el Estado, según el dictamen, debe recurrir primero a medidas menos perjudiciales para proteger la salud frente a posibles riesgos. Se critica que la penalización de la transmisión y exposición a enfermedades infectocontagiosas es a menudo una respuesta a la falta de estrategias sanitarias eficaces por parte de los Estados.

El diputado Temístocles Villanueva destacó la falta de taxatividad y la naturaleza discriminatoria del delito de peligro de contagio. Subrayó que constituye una barrera que impide a las personas conocer su estatus debido al temor de cometer un posible delito. Además, resaltó la importancia de equilibrar la protección de la salud pública con el respeto a los derechos individuales y la protección contra prejuicios y discriminación.

La diputada Ana Francis López celebró la aprobación del dictamen como un cumplimiento a las comunidades con VIH que solicitaban no ser discriminadas ni castigadas. La medida representa un paso importante hacia el abandono de la visión punitivista, avanzando hacia una visión garantista de derechos.

Con esta histórica decisión, la Ciudad de México marca un hito en la lucha contra la discriminación y la criminalización relacionada con enfermedades de transmisión sexual, promoviendo un enfoque más inclusivo y respetuoso de los derechos individuales.