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Condado de Maui demanda a compañía eléctrica de Hawái por incendio

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El condado de Maui demandó a la compañía eléctrica de Hawái por el letal incendio que arrasó la ciudad de Lahaina, alegando que la tragedia podría haberse evitado si se hubiese cortado el servicio. 

La compañía está bajo lupa tras las voraces llamas que mataron al menos 115 personas en esa ciudad del litoral oeste de la isla de Maui, sobre el océano Pacífico.

La demanda, presentada el jueves, sostiene que hubo negligencia de la compañía de electricidad Hawaiian Electric y sus subsidiarias, pues a pesar de muchas advertencias sobre fuertes vientos por un huracán próximo, mantuvieron las líneas activas.

También “sabían que si sus equipos eléctricos en elevación tomaban fuego, este se propagaría a una velocidad críticamente rápida”, añade.

Circulan en redes sociales videos filmados supuestamente antes de que el fuego arrasara la urbe, en los que se puede apreciar vegetación en llamas generadas por chispas salidas de cables caídos al suelo.

El condado, cuyas autoridades también han sido criticadas acusadas de falta de preparación para eventuales incendios y de dar una respuesta fallida a la propagación de las llamas, pide una compensación no especificada de la empresa eléctrica por la destrucción y los daños generados.

Las compañías eléctricas en el estado de California cortan habitualmente el servicio en largas extensiones de líneas distribuidoras cuando hay vientos fuertes, una estrategia que se estima ayuda a evitar incendios repentinos.

El 14 de agosto, la directora de Hawaiian Electric, Shelee Kimura, defendió la decisión de mantener las líneas activas, al argumentar que la electricidad era necesaria para bombear agua hacia Lahaina.

Tragedia histórica

El incendio forestal del 8 de agosto fue el más trágico sufrido por Estados Unidos en un siglo.

Quemó más de 800 hectáreas y carbonizó la histórica ciudad de Lahaina, que fue el centro de poder de Hawái en los tiempos de la monarquía del archipiélago.

Las llamas, avivadas por poderosas ráfagas de viento, avanzaron con tal rapidez que muchos residentes quedaron atrapados, enterándose que había un incendio apenas cuando lo vieron frente a sus puertas.

Algunas personas abandonaron sus vehículos en la abarrotada calle principal del polo turístico y se lanzaron al mar para protegerse de las llamas, por lo que tuvieron que aguardar por horas mientras sus casas ardían.

Se espera que la cifra oficial de muertos aumente cuando terminen los trabajos de búsqueda y rescate en Lahaina.

Miles de personas se quedaron en la calle, mientras que se espera que la reconstrucción de la ciudad tome años. Cálculos de la administración federal sugieren que el incendio costó unos 5.500 millones de dólares en daños.

La demanda llega una semana después de que renunciara el jefe de manejo de emergencias de Maui tras ser señalado por no activar las sirenas de la isla.

También el jueves, funcionarios del condado de Maui publicaron una lista de 388 nombres de personas cuyo paradero es desconocido. 

La policía dijo que el objetivo era instar a quien supiera de la ubicación de esos ciudadanos a entrar en contacto. 

Esta práctica es habitual tras una catástrofe, y no implica que ese número de personas esté muerto, sino que su paradero no ha sido informado a las autoridades.

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Donald Trump ordena implementar la pena de muerte en Washington D.C.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un memorándum dirigido a la fiscal general, Pam Bondi, y a la fiscal del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, en el que instruye la implementación “plena” de la pena de muerte en la capital estadounidense. La medida revierte la abolición de la pena capital en Washington D.C., vigente desde 1981, y busca responder a lo que la administración califica como un aumento de la criminalidad en la ciudad.

Según el memorándum, los fiscales federales deberán buscar la pena de muerte en todos los casos apropiados bajo la legislación federal, particularmente en delitos graves como homicidios y asesinatos de agentes de policía. Además, se indica que ejercerán jurisdicción federal para garantizar la aplicación de la pena capital, en lo que la administración Trump considera una acción necesaria para mantener la seguridad.

La decisión ha generado un amplio debate. Expertos legales y organizaciones de derechos civiles han expresado su preocupación por la posible violación del derecho de autogobernanza de Washington D.C., cuya población ha rechazado la pena de muerte en referendos anteriores. También se cuestiona el impacto de esta medida sobre las normas legales y la autonomía local.

Esta acción forma parte de una serie de iniciativas del gobierno de Trump para expandir el uso de la pena de muerte a nivel federal, incluyendo la reactivación de ejecuciones federales tras la pausa durante la administración de Joe Biden. La medida consolida un cambio significativo en la política criminal de la capital estadounidense y promete generar un intenso debate jurídico y político en los próximos meses.

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