El alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño, se encuentra en medio de la controversia luego de darse a conocer la aplicación de cobros por permisos para realizar actos religiosos en la vía pública, previo a las celebraciones de Semana Santa.

La medida contempla el pago de derechos para actividades como procesiones, marchas y representaciones del viacrucis, lo que ha generado inconformidad entre feligreses.

De acuerdo con reportes, los costos de estos permisos oscilan entre los 3 mil y más de 7 mil 500 pesos, dependiendo del tipo de evento y su magnitud.

Diversos sectores han expresado que esta disposición podría dificultar la libre expresión de la fe, mientras que autoridades argumentan que se trata de un proceso regulatorio para el uso del espacio público.

El tema ha abierto el debate entre ciudadanos sobre la regulación de actividades religiosas en espacios públicos y los límites entre orden administrativo y libertad de culto.