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CNI Incumple orden presidencial, al ocultar expedientes de homicidios que debió entregar al Archivo General de la Nación
En un nuevo informe del Mecanismo para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico, se revela que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), antes conocido como CISEN, está ocultando expedientes de homicidios de alto impacto nacional, incluyendo el caso del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena. Estos expedientes debían haber sido entregados al Archivo General de la Nación (AGN) en cumplimiento de una orden del presidente Andrés Manuel López Obrador emitida en 2019.
El informe revela que el CNI posee expedientes del periodo 1986-1990 que debieron haber sido entregados al AGN, pero hasta ahora solo se ha dado acceso a documentos creados hasta 1985, siguiendo una orden presidencial de 2002. Este hallazgo se suma al primer informe que mostró el desacato del CNI, el Ejército, la Marina y la FGR a la orden presidencial de entregar expedientes de la “guerra sucia”.
Se encontró evidencia en el AGN de una serie documental titulada “Homicidios”, con 86 expedientes que contienen información sobre investigaciones de agencias de seguridad relacionadas con homicidios de diversas personas, incluyendo líderes políticos, sociales, religiosos, agentes de seguridad, periodistas y diplomáticos. Sin embargo, los expedientes físicos no están en el AGN, y se sospecha que fueron extraídos por personal del CNI que trabajó en el Archivo hasta 2019.
Uno de los expedientes desaparecidos es el del asesinato de Enrique “Kiki” Camarena y la detención de Rafael Caro Quintero. Aunque se encontraron registros e incluso la portada del expediente, falta documentación clave que debía ir hasta 1989.
El Mecanismo subraya la renuencia del CNI para cumplir con la orden presidencial de dar acceso a la documentación histórica relacionada con violaciones graves a los derechos humanos. A pesar de los informes anteriores, ni el CNI, ni el AGN, ni el presidente López Obrador se han pronunciado sobre este incumplimiento. El Mecanismo sigue esperando el acceso a la documentación completa producida por la Dirección Federal de Seguridad, la DGISEN y el CISEN.
Tras la polémica por la reserva de su declaración patrimonial, el director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, afirmó que los bienes y recursos que posee son producto de 44 años de trayectoria laboral.
A través de redes sociales, el funcionario informó que cuenta con ahorros bancarios por 7.4 millones de pesos, hectáreas con un valor de 6.8 millones de pesos y diversos departamentos, adquiridos antes de ocupar cargos públicos de relevancia.
Romero Oropeza explicó que su declaración patrimonial no aparece en la plataforma Declaranet debido al régimen jurídico del Infonavit. Señaló que, por ley, el Instituto tiene una naturaleza distinta a las dependencias federales, por lo que sus declaraciones se difunden en el portal oficial del organismo.
La explicación ocurre luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum informara que le solicitó hacer pública su situación patrimonial y ordenara modificar la norma interna que impedía su difusión.
El funcionario detalló que durante el último año percibió por su cargo 2 millones 261 mil 994 pesos brutos, equivalentes a 188 mil 499.50 pesos mensuales, cantidad que, aseguró, se encuentra dentro del tabulador federal y es inferior al salario de la presidenta.
Al explicar el origen de su patrimonio, recordó que comenzó su trayectoria en la banca privada y pública, en el área de crédito agropecuario. También se desempeñó como docente de matemáticas en bachillerato y en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, además de haber sido distribuidor de refrescos Tehuacán en Tabasco.
Romero Oropeza señaló que cuenta con al menos 16 años de experiencia en el servicio público, durante los cuales ocupó cargos como diputado federal, Oficial Mayor del Gobierno de la Ciudad de México y director general de Pemex, antes de asumir la dirección del Infonavit.
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