El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juan Luis González Alcántara Carrancá, comenzó a circular entre sus colegas un proyecto en el que propone un trámite administrativo mediante el cual el Máximo Tribunal podría iniciar un procedimiento disciplinario en contra de Yasmín Esquivel Mossa por los cientos de denuncias presentadas contra la ministra por el presunto plagio de su tesis universitaria. 

Así lo informó el diario El País, el cual tuvo acceso al proyecto de consulta a trámite identificado con el numeral 1/2023 y elaborado por González Alcántara.

El proyecto “sostiene que la Corte sí tiene facultades para investigar denuncias promovidas contra alguno de sus integrantes e imponer sanciones administrativas, si el caso lo amerita”, señala el medio español.

De acuerdo con El País, el proyecto será votado en una sesión privada durante las próximas semanas. “Si se aprueba con una mayoría simple de seis votos, la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas (UGIRA) deberá revisar las denuncias, que hasta mediados de marzo sumaban 667, y elaborar un informe”, destaca el diario.

Una vez realizado el informe, señala el medio, la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña resolverá si existen elementos suficientes para abrir el proceso disciplinario. Lo anterior está reconocido en el artículo 112 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el cual señala que a la presidencia del tribunal la corresponde pronunciarse sobre la admisibilidad.

De abrirse el proceso disciplinario contra Esquivel, la Contraloría de la SCJN abrirá un periodo de alegatos en la que Esquivel y sus denunciantes presentarán sus respectivos argumentos. Al final de esto se elaborará un dictamen.

“De acuerdo con el proyecto de González Alcántara, será el pleno de la Corte el que, por mayoría, emita una resolución y dicte sanciones solo si se encuentra que la ministra incurrió en faltas administrativas”, señala El País. “Las denuncias promovidas contra Esquivel acusan que la jueza no goza de la buena reputación que exige la Constitución para desempeñar el cargo de ministro del Supremo y que no ha preservado la dignidad propia de la función judicial”, agrega.

En febrero de este año, Norma Piña encargó a Juan Luis González Alcántara dilucidar cómo debería proceder la Corte ante las denuncias contra cualquier ministro por posibles irregularidades en su conducta, reporta el diario español.