El presidente Joe Biden y su equipo han expuesto abiertamente la conexión entre la economía estadounidense y la venta de armas al solicitar fondos significativos para Ucrania e Israel. Biden destacó que al enviar equipo bélico a Ucrania, Estados Unidos reabastece sus arsenales con productos fabricados internamente, argumentando que esto fortalece la defensa del país. La Casa Blanca reconoció que el 60% de la asistencia militar a Ucrania hasta ahora ha beneficiado a la base industrial de defensa estadounidense.

La solicitud de más de $100 mil millones para Ucrania e Israel incluye más de $50 mil millones en contratos militares estadounidenses, beneficiando a empresas en casi todos los estados. La Casa Blanca enfatizó que esta ayuda militar no solo tiene ventajas geoestratégicas, sino que también revitaliza la base industrial de defensa, generando empleos bien remunerados en todo el país.

La dependencia de Estados Unidos en la venta de armas como impulsor económico no es una novedad, pero la franqueza con la que la administración actual aborda esta realidad marca un nuevo nivel de transparencia. Biden y su equipo argumentan públicamente que armar a otras naciones beneficia la economía y mantiene empleos de alta remuneración. Sin embargo, críticos como William D. Hartung señalan que las decisiones sobre ventas de armas deberían basarse en impactos estratégicos y de derechos humanos, no simplemente en beneficios económicos.

Expertos destacan que, a lo largo de 10 años, el gobierno de EE. UU. destina aproximadamente $4 billones a contratistas militares, en comparación con los $370 mil millones comprometidos para abordar el cambio climático. Esta dependencia de la economía en el gasto militar plantea preocupaciones sobre el debilitamiento de otras áreas esenciales, como infraestructura, salud y educación, mientras se refuerza el complejo militar-industrial.