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Aumentan 400% denuncias por violación de derechos humanos contra México ante CIDH

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Foto: Internet

Las denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado mexicano por violaciones a derechos humanos aumentaron más de 400 por ciento durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, en comparación con las presentadas en los primeros tres años de su antecesor, el priista Enrique Peña Nieto.

De acuerdo con las estadísticas de la CIDH, órgano autónomo de la OEA encargado de la promoción y protección de las garantías fundamentales en el continente americano, entre 2019 y 2021, un total de mil 661 denuncias fueron presentadas por mexicanos, frente a las 364 que se registraron en los primeros tres años del gobierno de Peña Nieto.

La mayoría de las denuncias corresponden a la presunta responsabilidad del Estado en casos de violación a derechos humanos por omisión, es decir, que se cometieron como resultado a la inacción del Estado o sus agentes, seguido por las que acusan al Estado mexicano de haber consentido la violación de garantías individuales y por último en las que presuntamente el Estado actuó directamente.

Sólo en el año 2019, un total de 932 denuncias fueron presentadas, apenas 156 menos a las que se registraron durante todo el sexenio de Peña Nieto, cuando se presentaron mil 88 en total.

El acelerado incremento de solicitudes de intervención de la CIDH por parte de ciudadanos coloca a México entre las naciones que integran la OEA con más demandas y con mayores medidas cautelares en los últimos tres años.

Incluso naciones señaladas por la comunidad internacional por violaciones sistemáticas a los derechos humanos, como Nicaragua, Venezuela y El Salvador, registraron durante 2020 menos demandas ante la CIDH que México, de acuerdo con las cifras del organismo regional. Las tres naciones registraron un total de 93 denuncias en 2020, frente a las 540 presentadas por ciudadanos mexicanos.

Adriana Muro, directora general de la organización ELEMENTA DDHH, considera que cada vez mexicanos recurren a organismos internacionales como la CIDH es porque los recursos judiciales en nuestro país no están siendo efectivos.

“Los mexicanos están viendo ahora en el Sistema Interamericano una opción de justicia y reparación integral del daño, que no encuentran en el país y de ahí que las solicitudes de intervención vayan en aumento”, dijo a El Sol de México.

Destacó que algunas decisiones del gobierno mexicano, como el nombramiento de Rosario Ibarra al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha “abonado” a la desconfianza de los mexicanos en el sistema de justicia por lo que prefieren recurrir a organismos internacionales como la CIDH.

“Las personas están buscando justicia y la reparación del daño y en México tenemos un sistema de atención a víctimas bastante deficiente y complejo que genera desconfianza y obliga a las personas a recurrir a instancias internacionales”, dijo.

Además de destacar un contexto marcado por altos niveles de violencia y de políticas de seguridad que, a lo largo de los años, resultaron ineficaces, la CIDH manifestó en su último Informe sobre México (2020) particular preocupación sobre el incremento de las denuncias por desapariciones, ejecuciones extrajudiciales y tortura, así como por la situación de inseguridad de las mujeres, la niñez, personas migrantes, defensoras de derechos humanos y periodistas.

También solicitó desarrollar un plan concreto para el retiro gradual de las Fuerzas Armadas de tareas de seguridad pública y para la recuperación de éstas por parte de las policías civiles. Así como reorientar el abordaje del tema de drogas de un enfoque de militarización y “combate frontal” usando la fuerza pública, a uno con perspectiva integral, de derechos humanos y salud pública.

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Dejan en libertad a 15 detenidos durante operativo contra “R2” en Jalisco; cinco siguen bajo custodia

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Entre las personas que podrán continuar su proceso sin prisión preventiva se encuentran integrantes del grupo musical Los Arras, empleados y clientes del restaurante Sabea. La situación jurídica de otros cinco detenidos continúa pendiente de resolución.

Un juez de Control determinó que 15 de las 20 personas detenidas durante el operativo para capturar a Rafael Álvarez Ayala, alias “R2”, en Jalisco, puedan continuar su proceso judicial en libertad, mientras que otros cinco hombres permanecerán bajo custodia en el complejo penitenciario de Puente Grande.

La resolución se produjo después de una extensa audiencia relacionada con el despliegue de seguridad realizado en el restaurante Sabea, donde fueron aseguradas varias personas que se encontraban en el establecimiento al momento de la intervención de las autoridades.

Entre quienes obtuvieron el beneficio de enfrentar el procedimiento fuera de prisión se encuentran músicos de la agrupación Los Arras, así como trabajadores y comensales del negocio.

Sin embargo, la determinación judicial no representa una absolución, ya que los involucrados deberán cumplir con las medidas cautelares establecidas y mantenerse disponibles para las siguientes etapas del proceso.

Cinco detenidos permanecerán en Puente Grande

De acuerdo con información difundida por N+, los cinco hombres que continuarán bajo custodia fueron identificados como Fernando Omar “N”, Luis Felipe “N”, Uriel Rodrigo “N”, Óscar “N” y Rogelio “N”.

Los señalados enfrentan imputaciones relacionadas con presuntos delitos de portación de armas de fuego, narcomenudeo y pandillerismo.

Su situación jurídica todavía deberá ser definida por la autoridad judicial, conforme a los plazos establecidos y los elementos que presenten tanto el Ministerio Público como sus respectivas defensas.

Audiencia continuará el domingo 15 de noviembre

El abogado Gilberto Pedraza, quien representa legalmente a cuatro de los investigados, explicó que las 20 personas detenidas solicitaron ampliar el plazo constitucional a 144 horas.

Esta medida permite disponer de más tiempo para preparar su defensa y reunir información que pueda ser presentada ante el juez.

Por ello, la continuación de la audiencia quedó programada para el próximo domingo 15 de noviembre, fecha en la que se espera una determinación sobre la situación jurídica de los cinco hombres que permanecen detenidos.

La audiencia inicial comenzó durante la tarde del miércoles 11 de noviembre y se extendió hasta la mañana del jueves 12, debido al número de personas involucradas y las actuaciones procesales realizadas.

“R2” permanece hospitalizado; suspenden audiencia por su estado de salud

Por separado, Rafael Álvarez Ayala, conocido como “R2”, continúa recibiendo atención médica en el Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, después de resultar lesionado durante el operativo en el que fue capturado.

Su audiencia inicial, prevista para el miércoles 11 de noviembre mediante videoconferencia, tuvo que suspenderse debido a que los medicamentos administrados durante su recuperación le provocaban somnolencia, impidiéndole participar adecuadamente en la diligencia.

El procedimiento judicial deberá reanudarse cuando las condiciones médicas del detenido permitan garantizar su participación y el ejercicio de su derecho a la defensa.

Continúan investigaciones por operativo en restaurante Sabea

El despliegue de seguridad realizado en el restaurante Sabea, en Guadalajara, derivó en la detención de 21 personas en total, incluyendo a Rafael Álvarez Ayala, quien permanece hospitalizado.

Las autoridades federales investigan los hechos relacionados con el operativo y las posibles responsabilidades de los involucrados, mientras los procedimientos judiciales continúan por separado.

La liberación de los 15 detenidos fue confirmada este jueves 12 de noviembre, aunque deberán atender las obligaciones procesales establecidas por el juez.

El caso continuará el próximo domingo 15 de noviembre, cuando se prevé que la autoridad judicial retome las actuaciones relacionadas con los cinco hombres que permanecen recluidos en Puente Grande.

Mientras tanto, la audiencia de “R2” sigue pendiente debido a su estado de salud y las autoridades deberán garantizar el debido proceso y la presunción de inocencia de los investigados.

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