Nacionales
Ataque del Estado Islámico en Afganistán deja 29 muertos
Al menos 29 personas murieron y 50 resultaron heridas en un asalto del grupo extremista Estado Islámico en el este de Afganistán sobre una prisión que retenía a cientos de sus miembros.
El ejército afgano recuperó el control de la prisión el lunes por la tarde tras horas de tiroteos, aunque miembros de la milicia islamista seguían disparando desde un vecindario cercano.
Las fuerzas de seguridad tomaron el recinto en Jalalabad, capital de la provincia de Nangarhar, unos 115 kilómetros al este de Kabul, indicó el portavoz del Ministerio de Defensa, Fawad Aman.
Aún se oían disparos esporádicos de edificios residenciales cercanos, en una zona de alta seguridad cerca de la oficina del gobernador.
El ataque hizo patentes los desafíos que afronta Afganistán, mientras las tropas estadounidenses y de la OTAN inician la retirada tras el acuerdo de paz firmado por Washington y el Talibán.
Al registrar el penal, las fuerzas de seguridad encontraron los cuerpos de dos presos talibanes, al parecer asesinados por el Estado Islámico, en una muestra de las tensiones entre los dos grupos armados, que combaten entre sí en el este de Afganistán.
Entre los muertos había civiles, presos, guardias y fuerzas de seguridad afganas, dijo Attaullah Khogyani, vocero del gobernador de la provincia de Nangarhar.
El asaltó comenzó el domingo por la noche cuando un agresor de Estado Islámico detonó un vehículo lleno de explosivos en la entrada del penal. Tras la explosión, varios milicianos empezaron a disparar a las fuerzas de seguridad en la prisión.
La filial del grupo extremista en Khorasan se atribuyó el ataque. El grupo tiene su base en la provincia de Nangarhar.
Tres agresores habían muerto por el momento, pero la batalla continuaba el lunes con fuego esporádico en los terrenos de la prisión y un complejo residencial cercano, dijo Khogyani.
El motivo el ataque no estaba claro en un primer momento, aunque varios presos escaparon durante el suceso, indicó otro funcionario provincial que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a hablar con los medios.
La prisión retiene a unos mil 500 presos, se cree que cientos de ellos pertenecientes a la filial del Estado Islámico en Afganistán. Khyogani dijo que unos mil presos que habían escapado antes fueron localizados por fuerzas de seguridad en la ciudad. No estaba claro si quedaban presos prófugos.
El ataque se produjo al día siguiente de que la agencia de inteligencia afgana anunciara que las fuerzas especiales habían matado a un comandante del Estado Islámico cerca de Jalalabad.
Aunque el Estado Islámico ha visto desaparecer lo que describía como su califato, que se extendía por Irak y Siria, tras una campaña de varios años, ha seguido luchando en Afganistán. Los extremistas también han combatido al Talibán, derrocado en una invasión liderada por Estados Unidos en 2001 tras los ataques del 11 de septiembre.
El portavoz político talibán Suhail Shaheen dijo que su grupo no estaba implicado en el ataque.
“Tenemos un cese el fuego y no estamos involucrados en ninguno de estos ataques en ninguna parte del país”, dijo.
El Talibán declaró un cese el fuego de tres días a partir del viernes por el importante feriado musulmán de Eid al-Adha, también conocido como Fiesta del Cordero. El cese el fuego expiró en la medianoche del domingo, aunque en un principio no estaba claro si se ampliaría.
Estados Unidos está presionando para que comiencen las negociaciones afganas, demoradas varias veces desde que Washington firmó un acuerdo de paz con el Talibán en febrero.
Los talibanes también negaron estar implicados en un ataque suicida en la provincia oriental de Logar, que mató el jueves a nueve personas e hirió a al menos 40, según las autoridades.
Afganistán ha registrado un aumento de la violencia, con una mayoría de ataques reivindicados por la filial local del grupo Estado Islámico.
Fuente: Excélsior
Nacionales
Bloqueo en la Suprema Corte frena proyecto sobre desalojos previo al Mundial 2026
Decenas de personas bloquearon este lunes todos los accesos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en la Ciudad de México, para exigir el aplazamiento de la discusión de un proyecto que, aseguran, busca “legitimar” los desalojos forzosos, los cuales han ido en aumento rumbo al Mundial de Futbol 2026.
Tras casi cuatro horas de protesta, los ministros anunciaron en sesión el retiro del proyecto, elaborado por la ministra María Estela Ríos González, decisión que fue recibida como un primer avance por los manifestantes.
“Ya se bajó (canceló), pero lo que estamos pidiendo es que se revalúe la dirección del proyecto”, señaló Arturo Aparicio, asesor legal de vecinos desalojados en distintas zonas de la capital.
El proyecto deriva de la acción de inconstitucionalidad 73/2019, promovida hace siete años por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, contra la eliminación de diversas garantías en casos de desalojo. Dichas garantías estaban contempladas en el artículo 60 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías, vigente desde febrero de 2019 y reformada en mayo del mismo año.
Aparicio subrayó que la principal exigencia es regresar a la redacción original del artículo 60, con el objetivo de evitar desalojos que, dijo, vulneran los derechos humanos. “No se trata de quitar la propiedad a los dueños, sino de que existan garantías legales reales para los inquilinos, como un aviso previo y el derecho a ser escuchados en un juicio”, aclaró.
Por su parte, Eduardo Alanís, activista del Frente Antigentrificación, advirtió que el proyecto pretende validar como constitucional una legislación que permite desalojos sin garantías básicas. “Este proyecto nos da la espalda a quienes vivimos en esta ciudad y favorece a las inmobiliarias. Todo esto ocurre por cinco partidos del Mundial que se jugarán en la Ciudad de México”, afirmó.
Antes de ingresar a la SCJN junto con una comitiva de vecinos y activistas, Aparicio reiteró la exigencia de que el máximo tribunal reconozca que la reforma de 2019 violó el principio de progresividad y no regresividad de los derechos humanos.
Durante la protesta también tomó la palabra Rufina Galindo, de 71 años, quien fue desalojada de su vivienda en el Centro Histórico en 2023. La mujer pidió a los ministros priorizar los intereses de la ciudadanía. “Que piensen en el pueblo, que es el que los necesita para luchar por su derecho a una vivienda digna”, expresó.
Galindo advirtió que los desalojos son experiencias “traumatizantes” que dejan secuelas psicológicas y generan temor hacia las autoridades.
La manifestación inició a las 8:00 horas y se mantuvo hasta las 15:00 horas, con cierre vial frente a la Suprema Corte, mientras los inconformes esperaban la salida de la comitiva que ingresó a dialogar con los ministros.






