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La Internacional Villahermosa

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Arrestan a hombre que ayudó con 10 suicidios en Holanda

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Una corte holandesa condenó a un hombre por ayudar al menos a 10 personas a quitarse la vida al venderles “drogas suicidas” junto con las instrucciones para su consumo, en un caso que pone a prueba las normas del país del derecho a morir.

El hombre, identificado bajo las normas de privacidad como Alex S., vendió las drogas a unas mil 600 personas antes de que lo arrestaran. En principio compró las drogas online para sí mismo, dijo la corte distrital de Brabante del Este en su veredicto.

“Está convencido de que cada persona tiene derecho a decidir sobre su propia vida y cree que la política del gobierno es defectuosa en este aspecto”, según la corte.
Holanda fue el primer país del mundo que legalizó la eutanasia. Una ley de 2002 autoriza al médico a poner fin a la vida de un paciente bajo condiciones estrictas, mediante una dosis letal de drogas que le suministra o que le da para que tome.

El suicidio asistido, que consiste en que una persona que no es médico le dé a alguien una sustancia letal para que la tome, aún es ilegal.

Desde que se aprobó la ley, se desarrolla el debate sobre las alternativas de que disponen las personas que quieren poner fin a su vida, pero no pueden optar por la eutanasia.

Alex S., de 30 años, fue condenado a tres años y medio de prisión por la corte en la ciudad sureña de Den Bosch. Dieciocho meses quedaron en suspenso, lo cual significa que solo los cumplirá si reincide.

La corte dijo que “trató las vidas ajenas muy a la ligera y dañó el valor de la vida humana en general”, al tiempo que “socavó” la ley de eutanasia cuidadosamente redactada.
Añadió que mintió al decirles a los compradores que la droga provocaba una muerte indolora.

“El uso de la droga X no siempre provoca una muerte ‘suave’”, dijo la corte, señalando que los familiares presenciaron “angustia grave y pánico que resultaron en una muerte horrible”, finalizó.

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Donald Trump ordena implementar la pena de muerte en Washington D.C.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un memorándum dirigido a la fiscal general, Pam Bondi, y a la fiscal del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, en el que instruye la implementación “plena” de la pena de muerte en la capital estadounidense. La medida revierte la abolición de la pena capital en Washington D.C., vigente desde 1981, y busca responder a lo que la administración califica como un aumento de la criminalidad en la ciudad.

Según el memorándum, los fiscales federales deberán buscar la pena de muerte en todos los casos apropiados bajo la legislación federal, particularmente en delitos graves como homicidios y asesinatos de agentes de policía. Además, se indica que ejercerán jurisdicción federal para garantizar la aplicación de la pena capital, en lo que la administración Trump considera una acción necesaria para mantener la seguridad.

La decisión ha generado un amplio debate. Expertos legales y organizaciones de derechos civiles han expresado su preocupación por la posible violación del derecho de autogobernanza de Washington D.C., cuya población ha rechazado la pena de muerte en referendos anteriores. También se cuestiona el impacto de esta medida sobre las normas legales y la autonomía local.

Esta acción forma parte de una serie de iniciativas del gobierno de Trump para expandir el uso de la pena de muerte a nivel federal, incluyendo la reactivación de ejecuciones federales tras la pausa durante la administración de Joe Biden. La medida consolida un cambio significativo en la política criminal de la capital estadounidense y promete generar un intenso debate jurídico y político en los próximos meses.

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