El parlamento de Israel aprobó recientemente una ley que permitiría aplicar la pena de muerte a personas condenadas por actos terroristas con resultado de muerte, incluidos residentes de Cisjordania y menores de edad, según reportó El Imparcial. La medida ha provocado condenas internacionales y reavivado el debate sobre derechos humanos y posible discriminación legal.

Entre los puntos más relevantes de la legislación destaca que la pena capital se aplicaría mediante ahorcamiento y la ejecución podría realizarse en un plazo de 90 días después de la sentencia. Además, la norma no contempla excepciones explícitas para menores de edad, lo que abre la posibilidad de que también puedan ser condenados.

Otro aspecto que ha generado polémica es que los tribunales militares, donde son juzgados los palestinos, tendrían la autoridad para imponer la pena de muerte, mientras que los ciudadanos israelíes serían procesados en tribunales civiles, lo que ha sido señalado como un posible trato desigual.

La iniciativa fue impulsada por el partido Otzma Yehudit y respaldada por Likud, encabezado por el primer ministro Benjamín Netanyahu. Además, la legislación contempla limitar la defensa legal y los recursos de apelación, lo que ha generado preocupación por posibles violaciones al derecho internacional.

Organismos internacionales, gobiernos europeos y defensores de derechos humanos han criticado la medida, señalando que podría afectar principalmente a la población palestina y aumentar la tensión en la región. No obstante, la aplicación de la ley aún podría ser impugnada ante el Tribunal Supremo de Israel, por lo que su implementación real todavía es incierta.