Nacionales
AMLO denuncia contratación de un “brazo derecho” de García Luna en la SCJN por la ministra Norma Piña
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha expresado su preocupación por la contratación de Ricardo Márquez Blas, a quien describió como “uno de los brazos derechos” del exsecretario de Seguridad Pública mexicano, Genaro García Luna. Esta contratación ha sido realizada por la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña.
Durante una conferencia matutina en Acapulco, López Obrador señaló que Márquez Blas será responsable de la administración, seguridad y logística en la SCJN. El presidente manifestó su inquietud acerca de esta decisión y destacó la importancia de investigar si Márquez Blas tiene alguna vinculación con delitos o si está siendo investigado en algún caso.
López Obrador también enfatizó que ha sido informado por personas que trabajan en el Poder Judicial, quienes le han proporcionado detalles sobre la contratación y han expresado su descontento con este tipo de decisiones. Además, mencionó que en mayo pasado ya había señalado que la ministra Norma Piña había contratado a Sonia Vargas Terreros, quien había ocupado un cargo en la extinta Policía Federal.
El presidente reiteró la necesidad de examinar minuciosamente la trayectoria de los individuos que son contratados en posiciones de importancia en el gobierno y en el sistema judicial para asegurarse de que no tengan vínculos con actividades ilícitas.
Nacionales
Abren investigación por presunto obsequio de alto valor a alcaldesa de Acapulco
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción inició una carpeta de investigación en contra de la presidenta municipal de Acapulco, tras una denuncia que señala la presunta entrega de un objeto de lujo mientras ejercía funciones públicas.
De acuerdo con la información disponible, el señalamiento se relaciona con un collar valuado en aproximadamente 227 mil pesos, cuya entrega habría ocurrido durante el desempeño del cargo, lo que podría configurar un posible caso de cohecho, dependiendo del contexto y las circunstancias en que se habría recibido.
Como parte del procedimiento, la Fiscalía ya citó a la funcionaria para rendir su declaración, con el objetivo de esclarecer los hechos y determinar si el obsequio constituye una falta administrativa o un delito conforme a la legislación vigente.
Será la autoridad competente la encargada de establecer si existen elementos suficientes para proceder legalmente o, en su caso, descartar cualquier irregularidad, en apego al debido proceso y a la presunción de inocencia.






