La transferencia de funciones y presupuestos civiles a los militares en los últimos 17 años plantea un desafío considerable para el próximo Gobierno, independientemente del resultado electoral, según advirtieron miembros de organizaciones ciudadanas. Durante la presentación del informe “Inventario Nacional de lo Militarizado”, se subrayó que los instrumentos jurídicos que han permitido a los militares asumir responsabilidades no especifican períodos definidos, lo que podría perpetuar su participación.

“Hoy en día, la militarización está tan arraigada que, incluso con un cambio de gobierno, el próximo presidente tendrá a los militares encargados de la seguridad pública hasta 2028, según el plazo constitucional, y desempeñando otras funciones de acuerdo con convenios que en muchos casos carecen de límites temporales”, señaló Lisa Sánchez, directora ejecutiva de México Unido Contra la Delincuencia (MUCD).

Desde 2006 hasta 2023, se han presentado 87 iniciativas de reforma constitucional y legislativa en el Congreso para transferir funciones o presupuestos civiles a las Fuerzas Armadas. El 77 por ciento de estas iniciativas se presentaron entre septiembre de 2018 y agosto de 2023, durante las últimas dos legislaturas, coincidiendo con el último sexenio.

Además, en este periodo se han utilizado acuerdos y decretos presidenciales para ampliar el poder militar, incluyendo la creación de 15 empresas bajo el control de las Fuerzas Armadas para proyectos como el Tren Maya.

La transferencia de responsabilidades civiles ha sido acompañada de una asignación considerable de recursos presupuestales, que no siempre han sido transparentes. En aquellos casos en los que se ha podido rastrear, se ha determinado una transferencia de 31 mil millones de pesos entre 2007 y 2022.

Sánchez indicó que la militarización del país ha ido en aumento durante las últimas administraciones, pero ha sido especialmente notable durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Estefanía Vela, directora ejecutiva de Intersecta, destacó que la mayoría de las reformas legales y los acuerdos suscritos para involucrar a las Fuerzas Armadas en tareas civiles carecen de mecanismos claros para establecer la duración o las condiciones de su participación.