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La Internacional Villahermosa

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CONAVIM solicita revisión de 432 carpetas de investigación por aborto

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El pasado domingo 12 de septiembre se dio a conocer que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) solicitó revisar las 432 carpetas de investigación abiertas este años por el delito de aborto. Tras el fallo histórico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra la criminalización de dicho procedimiento, la Conavim busca que se analicen todos los casos.

Fabiola Alanís, titular de la comisión, aseguró que existen 432 carpetas de investigación abiertas por el delito de aborto, mismas que fueron abiertas entre enero y julio de 2021 en 27 estados del país. Por ello, se espera que las autoridades locales y federales aseguren la no criminalización de las mujeres por ejercer sus derechos sexuales. Con base en esto, se deberán analizar los casos de todas las personas acusadas en el país.

El martes 7 de septiembre, la Suprema Corte declaró inconstitucional la penalización del aborto, lo que se consideró un precedente histórico que impedirá encarcelar o criminalizar a las mujeres o al personal médico que las asista en el proceso. Sin embargo, esto no despenalizó el aborto en todo el país, pues solo se invalidó el artículo 196 del Código Penal de Coahuila, mismo que establecía hasta tres años de cárcel por aborto voluntario.

A pesar de esto, el fallo de la SCJN otorga un criterio obligatorio para todos los tribunales en el país. El aborto continúa siendo una competencia local que solo está despenalizado en cuatro entidades: la Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo y Veracruz. Respecto a los 28 estados restantes, la Conavim destacó que las entidades con más carpetas abiertas por aborto son el Estado de México (93), Nuevo León (67) y la Ciudad de México (52), incluso aunque en la capital puede interrumpirse el embarazo hasta la duodécima semana de gestación.

De acuerdo con la comisión, las tres entidades citadas anteriormente representan el 49% de las carpetas abiertas en los primeros meses del año. Sin embargo, también hay alarmantes cifras en estados como Tamaulipas (28 casos), Querétaro (22), Baja California y Guanajuato (con 18 cada uno), Hidalgo (15), Veracruz (14) y Michoacán (13); de acuerdo con los datos proporcionados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

A partir de esta declaración por parte de la SCJN, el mismo Arturo Zaldívar estableció que Instituto Federal de Defensoría Pública será la autoridad responsable de disponer de personas especialistas en derecho, mismas que estarán enfocadas en defender a las mujeres procesadas por el crimen. Por su parte, la Conavim concordó en que ninguna persona gestante o mujer en el país debe enfrentar un proceso penal por ejercer su derecho al aborto; además de que el Estado mexicano debe garantizar el acceso a la justicia para quienes enfrentan una criminalización por ello.

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Cisen grabó 40 videos de “tortura a testigos” en caso Iguala

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El extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) realizó 40 grabaciones de interrogatorios en los que varios testigos del caso Ayotzinapa que presuntamente estaban involucrados en la desaparición fueron torturados.

“Existe evidencia que sustenta que efectivamente la tortura se utilizó de forma generalizada”, aseguró el fiscal especial del caso, destacando que “tenemos más de 40 vídeos que fueron aportados a la investigación […] que muestra a funcionarios públicos interrogado de forma irregular y a través de tortura física o psicológica a estos presuntos culpables”. 

El material forma parte del expediente que tiene la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa; el cual documenta la manipulación «masiva y sistemática» de las evidencias para fabricar la verdad histórica, de acuerdo con Milenio.

Dichos interrogatorios se realizaron entre octubre de 2014 y enero de 2015. Los funcionarios consultados por el periodista Temóris Greko revelaron que en los videos aparecen el extitular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón; el jefe antisecuestros, Gualberto Ramírez; así como otros funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR), miembros de las fuerzas de seguridad y abogados de oficio asignados a la defensa de los detenidos.

El objetivo era «desinstalarlos” intelectual y emocionalmente, es decir que se olvidaran de lo que sabían que pasó, para que repitieran la verdad histórica. Por ello, los sometieron a tratos inhumanos.

La investigación determinó que la voz que se escucha en varios videos es la de Tomás Zerón, de acuerdo con un peritaje internacional. Además, en el expediente están documentados escenarios del crimen, fabricación de pruebas; destrucción o inutilización de evidencias; omisión de procedimientos y de líneas de investigación; indagatorias insuficientes o desestimadas; desprotección de lugares donde había elementos relevantes e intimidación de testigos, entre otras irregularidades.

Los videos están distribuidos en 57 carpetas digitales que también contienen pruebas forenses, incluidas las de los teléfonos celulares que fueron extraídos de forma ilegal por la PGR. La Unidad de Investigación del caso utilizará las evidencias y testimonios para sustentar denuncias penales por asociación delictuosa contra los sospechosos que falsificaron la investigación oficial.

Con información de Milenio

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