26 de septiembre de 2018.- El sector empresarial respaldó la iniciativa de reforma a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma (LOPSRM) por medio de la cual se autorizará que los trabajos de construcción de infraestructura y la proveeduría de bienes servicios públicos sean adjudicados de manera directa y no mediante licitación.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Tabasco (CCET), Pablo Ulises Jiménez López, explicó que el objetivo de esas modificaciones a la ley, que serán “bajadas” al pleno del Congreso del estado este jueves para su discusión y en su caso aprobación, es “acelerar” la obra pública y el desarrollo de la entidad ya que impulsarán la reactivación de la economía interna.

“La ampliación focalizada de atribuciones para la contratación por asignación directa permitirá dar celeridad a la contratación y ejecución de las obras, lo cual es crucial para poder desarrollar la infraestructura necesaria para los proyectos estratégicos, como lo son la refinería, en Paraíso, el tren Maya en Balancán y Tenosique, entre otros”, declaró en la rueda de prensa en la que estuvo acompañado por Víctor Cervantes Calcáneo, secretario del Colegio de Arquitectos Tabasqueños (CAT); Javier Jiménez López, dirigente del Colegio de Ingenieros Civiles de Tabasco (CICT); Jacinto Muñoz Utrera, vicepresidente del Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas (CIME); y Juan José Sánchez Merodio, dirigente del Colegio e Instituto Tabasqueño de Ingenieros Civiles (CITIC).

A pesar de ser socio del CCET y estar directamente relacionado con el ámbito de la iniciativa de ley, el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Sergio Coll Montalvo, no asistió a la rueda de prensa y tampoco se explicó la causa de esa ausencia.

En ese contexto, Pablo Ulises Jiménez López argumentó que la ley actual ha frenado en algunos casos la construcción y el desarrollo de infraestructura en materia de, por ejemplo, seguridad pública, procuración de justicia y reinserción social.

Reconoció que los diputados no los consultaron para integrar las modificaciones en la ley, por lo que “desconocen” a “fondo” la iniciativa.

No obstante, aseguró que con las modificaciones a esa legislación, ahora “se podrán llevar a cabo proyectos ejecutivos que se quedaban en el tintero por las limitaciones en las atribuciones para asignar directamente estos servicios”.

Adicionalmente, justificó, evitarán la simulación de licitaciones que solo implicaban un gasto para el empresario.

Y es que rechazó que esas modificaciones “abran la puerta” a una mayor corrupción al suponerse que, sin licitación, las obras serán adjudicadas directamente de forma discrecional y sin transparencia.

No obstante, aceptó que incluso actualmente existen casos en donde a pesar de que se realizan licitaciones, la obra pública se otorga directamente de manera discrecional o hay una “licitación simulada”.

De hecho, declaró, hay directores municipales de Obras Públicas que “con la mano en la Biblia” pueden confirmar que así se han entregado algunas obras.

“Para nosotros (la modificación a la ley) es algo muy importante, porque acaba con la simulación en las licitaciones, que para nosotros era un gasto y le pueden preguntar con la mano en la Biblia a cualquier director de Obra públicas de todos los municipios del estado y de entidades que tienen qué ver con el desarrollo de obras, y te puedo asegurar que nadie te va a decir que no se han hecho licitaciones dirigidas y simuladas”, precisó.

En ese sentido, descartó que, entonces, las modificaciones pretendan legalizar lo que ahora es considerado ilegal.

Por eso, remarcó que solicitarán a los legisladores que los integrantes de la iniciativa privada, principalmente de esos organismos empresariales, sean incluidos en el equipo que elaborará el reglamento de la ley para estipular cláusulas que garanticen que las obras serán entregadas a los empresarios tabasqueños con total transparencia.

Las adjudicaciones de las obras y de los bienes y servicios, argumentó, deben tener un “alto contenido local” y la ley debe garantizar que se dé prioridad a la contratación de empresas locales y afiliadas a organismos empresariales formalmente reconocidos por las autoridades.

Por su parte el presidente del CICT, Javier Jiménez López, afirmó que en caso de que no se modifique esa ley, las inversiones programadas para el próximo sexenio no se van a quedar aquí, sino que las “va a agarrar Campeche” u otros estados.

Luis M. Sánchez/NoticiasSinReservas