En la historia reciente del estado de Tamaulipas hay al menos tres gobernadores que han sido señalados y acusados formalmente de presuntos nexos con el narcotráfico, lo cual ha marcado la imagen y el desarrollo político de la entidad. Tomás Yarrington y Eugenio Hernández enfrentan aún procesos legales sobre todo en Estados Unidos; a ellos se suma el actual mandatario, el primero surgido de la oposición en los últimos 86 años, el panista Francisco García Cabeza de Vaca, quien ha negado las acusaciones. Aquí el estatus de cada uno de estos tres personajes al respecto.

Tomas Yarrington gobernó de 1999 a 2004 y se colocó como precandidato a la presidencia de la república por el PRI en 2006. En 2013, una Corte Federal con sede en Texas lo acusó de haber lavado dinero del narcotráfico desde 1998, incluso desde antes de ser gobernador. Fue capturado el 9 de abril de 2017 en Italia; desde el verano de 2018 su juicio ha sido pospuesto en dos ocasiones.

Los últimos reportes datan de septiembre de 2020 cuando el juicio contra el exgobernador fue suspendido y desde entonces no tiene fecha de inicio, de acuerdo con el tablero judicial de la Corte Federal de Distrito para el Distrito Sur de Texas, con sede en Brownsville.

De ser declarado culpable en Estados Unidos, Yarrington enfrenta una sentencia de hasta 20 años de prisión, por crimen organizado y lavado de dinero; hasta 30 años de cárcel por cargos de conspiración para cometer fraude bancario y otra sentencia de 10 años de prisión por los cargos de conspiración para traficar drogas.

Eugenio Hernández gobernó de 2005 a 2010; era buscado por la DEA por su presunta operación de un sistema de lavado de dinero de 30 millones de dólares en el país vecino, donde se le involucra con la delincuencia organizada. Lo capturaron en 2017 y para marzo de 2018 se concedió su extradición. Hoy está recluido en un penal federal de nuestro país.

La Corte Federal de Distrito para el Distrito Sur de Texas lo reclama junto con su cuñado Óscar Manuel Gómez Guerra por ser presuntos responsables de diseñar y ejecutar “varias maquinaciones con el fin de robar dinero al gobierno de Tamaulipas, al realizar contratos falsos” entre el 2005 y mayo de 2015.

Sus abogados presentaron un amparo en 2018, el cual fue negado en primera instancia y apelado ante un tribunal , quien solicitó la atracción del caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN): en agosto de 2020 el supremo tribunal aceptó asumir su competencia. El caso fue asignado por turno a la ministra Margarita Ríos Farjat, quien deberá analizar si Hernández Flores puede o no ser entregado a la justicia estadounidense para que responda ante las acusaciones en su contra por lavado de dinero.

En septiembre 2020 se reveló que el Buró Federal de Investigaciones (FBI) estadounidense tiene el expediente con folio 168MATAMOROS182_d donde se despliega un detallado reporte de una supuesta reunión entre el actual gobernador de Tamaulipas Francisco Javier Garcíaa Cabeza de Vaca, y Joaquín el “Chapo” Guzmán, fundador del Cártel de Sinaloa. Dicho documento habría sido redactado el 17 de junio de 2015 en las oficinas del diplomático Tobin Bradley, en ese momento cónsul general de Estados Unidos en Matamoros.

El supuesto encuentro entre el capo y el mandatario estatal se celebró en febrero de 2012 en una la zona turística de Cabo San Lucas en Baja California Sur. El formato elegido fue una comida a la que acudió también el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna (2006-2012), actualmente preso en una cárcel estadounidense.

Para el 23 febrero de 2021 la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a la Cámara de Diputados el desafuero del mandatario al señalar que tiene una investigación en su contra por presunta delincuencia organizada, recursos de procedencia ilícita y fraude fiscal.