Los resultados de la auditoría realizada a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) durante el segundo semestre de 2019 revelan más irregularidades en el manejo de los recursos públicos del ya desaparecido Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar).

El titular del Órgano Interno de Control (OIC) de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Filiberto Otero Salas, informó desde el 30 de septiembre último al subdirector de Calidad para el Deporte de la Conade, Óscar Juanz, que tiene como fecha límite el próximo 4 de diciembre para solventar las cinco nuevas observaciones.

De acuerdo con el informe de auditoría, que acaba de publicarse en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (Sipot), cuatro de las cinco mencionadas observaciones están relacionadas con malos manejos financieros y administrativos en el Fodepar.

Otra de ellas tiene que ver con las irregularidades detectadas en la contratación y prestación de servicios en la partida presupuestal denominada capítulo 3000 que opera la subdirección de Calidad para el Deporte que encabezaba Israel Benítez Morteo, cuñado de Juanz, y quien fue destituido por la SFP por los actos de corrupción en los que estuvo involucrado y que quedaron al descubierto en la auditoría realizada a los recursos públicos ejercidos de enero a junio de 2019.

Los resultados de la auditoría número 2/2020 revelan irregularidades detectadas en el otorgamiento, aplicación y comprobación de recursos públicos del Fodepar otorgados a distintas federaciones deportivas, así como a un grupo de personas que se hicieron pasar como “entrenadores” para ser beneficiarios de este fideicomiso.

El informe de auditoría destaca puntualmente las “irregularidades detectadas en la documentación comprobatoria”.

Asimismo, se refiere a la indebida creación de una figura denominada “analistas técnicos”, mediante la cual durante la administración de Ana Guevara al frente de la Conade se ha utilizado para sacar dinero del fideicomiso Fodepar pues recibieron “apoyos directos”.

En el Sipot sólo está disponible el informe de auditoría que consta de tres páginas, pero no los detalles de las cinco observaciones.

Estas nuevas irregularidades -que según información que posee Proceso ascienden a más de 100 millones de pesos de daño patrimonial al Fodepar- se suman a los resultados de la primera auditoría que señala un desvío de recursos por 50.8 millones de pesos.

Desde junio de 2019 a la fecha, Proceso ha publicado siete reportajes en los que ha dado cuenta de un mecanismo de corrupción mediante el cual el dinero del Fodepar fue desviado -con la ayuda de los “entrenadores” y analistas técnicos- hacia un grupo de empresas “facturares” con sede en Ciudad del Carmen, Campeche, y que simulan operaciones financieras para defraudar al Sistema de Administración Tributaria (SAT).

En este esquema han participado un grupo de servidores públicos de la Conade que en su mayoría ya fueron destituidos.