22 de mayo de 2019.- La bancada del PRI en el Congreso local, en la sesión de la sesión permanente, propuso armonizar las leyes locales con las federales para aplicar juicio político a funcionarios locales tales como el gobernador, alcaldes, diputados locales y demás funcionarios públicos.

Al dar lectura del documento, la diputada local Katia Ornelas Gil dijo que la iniciativa, tiene por objeto expedir la Ley que reglamente las disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, que establecen que determinados servidores públicos pueden ser sujetos de juicio político, durante el tiempo de su encargo o dentro del año siguiente de haber concluido el mismo.

“Se propone expedir una ley reglamentaria específica, en virtud de que como se recordará, derivado de las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción publicadas en el Diario Oficial de la Federación, de fecha 27 de mayo de 2015, se reformaron y adicionaron diversos ordenamientos en el ámbito federal y en el ámbito estatal”, dijo.

Indicó que como consecuencia de lo anterior, en la entidad, se reformó y adicionó la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco y se expidieron nuevos ordenamientos, así como reformas y adiciones a varios ordenamientos estatales.

De igual manera, con motivo de la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; se reformaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley local en la materia a la que incluso se cambió su denominación; por lo que ahora se llama Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los Artículos 68 y 69, del Título Séptimo de la Constitución Política del Estado de Tabasco, según consta en el decreto respectivo publicado en el Periódico Oficial 7811 Suplemento “B” de fecha 15 de julio de 2017.

“Se le otorgó esa denominación, en virtud de que reglamenta los procedimientos de juicio políticos y la declaración de procedencia, esta última aplicada a los servidores que conforme a las disposiciones constitucionales vigentes en esa época gozaban de inmunidad procesal, comúnmente conocida como fuero”, señaló.

Manifestó que por ello, se considera necesario expedir un nuevo ordenamiento que esté armonizado a las disposiciones actuales de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco y reglamente los preceptos que aluden al Juicio Político.

“Por ello con la finalidad de coadyuvar a que la entidad, cuente con un marco jurídico actualizado y acorde a la realidad”, apuntó.

Señalo que los diputados integrantes de la Fracción Parlamentaria del PRI, proponen que se expida la Ley Reglamentaria de los Artículos 67, fracción I, 68 y 72 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, en Materia de Juicio Político, la cual constará de tres títulos, con sus respectivos capítulos, en los que se distribuyen 38 artículos. Asimismo, se proponen se incluyan cuatro numerales transitorios.

“En esta Ley, siguiendo los parámetros de la otrora ley en la materia, contempla disposiciones que establecen que las denuncias de juicio político pueden ser presentadas por cualquier persona, acompañando los elementos de prueba que tenga a su alcance o señalando en lugar donde se encuentran para que puedan ser solicitados por el Congreso”, anotó.

Indicó que puede ser sujetos de juicio político los servidores públicos que señala el artículo 68 de la Constitución Política, tales como el Gobernador del Estado, los Diputados los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, los integrantes del Consejo de la Judicatura, los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, el Titular del Órgano Superior de Fiscalización, los consejeros electorales y el Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, los magistrados del Tribunal Electoral de Tabasco, los integrantes de los órganos constitucionales autónomos, así como los titulares de las Dependencias, los directores de la Administración Pública Estatal, los presidentes municipales, los concejales, los síndicos de Hacienda, los directores generales o sus equivalentes de los organismos descentralizados, entre otros.

Incluso, propuso también que las personas que resulten responsables en un juicio político sean sancionadas con la destitución del cargo que ocupan y con inhabilitación para el ejercicio de empleos, cargos o comisiones en el servicio público desde uno hasta veinte años.

Leandro de la O/NoticiasSinReservas