16 de octubre de 2018.- Luego de la “recomendación” de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) para que el gobernador Arturo Núñez Jiménez regrese al Congreso del estado para su análisis la reforma a la Ley de Obra Pública de Tabasco, la iniciativa privada consideró que se debe realizar un análisis más detallado de esa legislación.

La Cofece advirtió que de entrar en vigor el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas y de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios de Tabasco, se afectaría de manera grave el proceso de competencia y libre concurrencia en las contrataciones públicas en la entidad.

Esa ley fue aprobada el 26 de septiembre pasado a propuesta del gobernador electo Adán Augusto López Hernández.

En un comunicado de prensa, la Cofece establece que la reforma aprobada por el Congreso de Tabasco el pasado 26 de septiembre amplía sin fundamentación objetiva el margen de discrecionalidad de la autoridad en la asignación de contratos, al extender los supuestos de excepción a la licitación pública y la adjudicación directa de contratos, con los consecuentes riesgos en el debido ejercicio del presupuesto público.

En ese contexto, la Cofece propuso al gobernador Núñez Jiménez, entre otras acciones, devolverlo al Congreso del estado para “revisar los planteamientos formulados” por la comisión, con el “objetivo de garantizar que el decreto se apegue a lo establecido en los artículos 134 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Y es que la Cofece argumentó que el decreto justifica la reforma con un elemento temporal y poco sustentando: la necesidad de permitir el rápido desarrollo de refinerías, así como las obras accesorias para su funcionamiento, sin especificar cómo al eliminar los concursos públicos efectivamente se logra el desarrollo más rápido de proyectos energéticos.

Incluso, refiere que, por el contrario, la “experiencia demuestra que la asignación directa de proyectos reduce las ventajas en cuanto a precio y calidad que genera la presión competitiva resultante de un concurso público o licitación”.

Además, la Cofece indicó que analiza la posibilidad de llevar el caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En ese contexto, Pablo Ulises Jimémez López, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Tabasco (CCET), indicó que si la Cofece ya emitió estas recomendaciones, entonces deben ser evaluados y revisados los “ajustes necesarios”.

El CCET, afirmó, vigilará que los posibles cambios no sean en “detrimento del sector empresarial”.

Además, externó, los empresarios deben participar en la creación del reglamento de esa Ley ya que en ese documento “se pueden acotar muchas cosas que en un momento dado queden sueltas”, para garantizar la adjudicación de las obras con total transparencia.

Aseguró que la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del estado, Beatriz Milland Pérez, invitó a los empresarios a crear y/o integrar ese reglamento, pero hasta el momento no han recibido ninguna información sobre los avances o si incluso ya fue elaborado.

Por su parte, Ricardo Castellanos Martínez de Castro, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), coincidió respecto a que ese tema debe ser revisado y no politizarse.

“Son temas muy complejos, pero (…) pedimos que no se politicen; al contrario, (hay que) ser muy prácticos en esos temas y revisarlo en lo que sea necesario”, dijo.

“Es un tema de carácter legal y de competitividad y competencia; es un tema que se debe de resolver de manera acelerada y que no se llegue a politizar o que llegue a entorpecer la función u operación”, insistió.

Además, remarcó que es necesario que los empresarios participen en la elaboración del reglamento de la ley la cual además debe ser “socializada”.

Canacintra da voto de confianza

La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) indicó que a pesar de la recomendación de la Cofece, este organismo empresarial respalda las modificaciones aprobadas a la ley de Obras Públicas que fueron propuestas por el gobernador electo Adán Augusto López Hernández.

Además, insistió, el tema importante no es la ley en sí, sino el reglamento que establecerá las condiciones y requisitos para que la administración estatal adjudique directamente las obras.

“Solicitarán a quienes sean capaces de surtir los servicios y los productos que requieren; van a solicitar información, expedientes, antigüedad de la empresa, capacidad y tomarán una decisión; (es decir) lo mismo que hacen en una licitación, solamente (que) sin menos trámite burocráticos”, argumentó.

— En un momento dado si hay irregularidades, ¿lo denunciarían?

— Claro, nosotros vamos a ser los primeros en estar al pendiente.

— ¿Le dan el voto de confianza a esta ley?

— Si no tenemos confianza ahora y si no ponemos todas las esperanzas en que todo esto va a funcionar, entonces creo que va a ser muy difícil y vamos a empezar a ponerle piedritas en el camino a la administración con la cual estamos pensando que esto funcione.

Luis M. Sánchez/NoticiasSinReservas