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La Internacional Villahermosa

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Morena propone que Fake News y bots sean considerados ataques a la seguridad nacional

Preparan una iniciativa que busca regular las redes sociales, con el objetivo de que no censuren cuentas y vulneren la libertad de expresión, y que en caso de hacerlo, serían acreedores a multas de hasta 89 millones de pesos.

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El líder parlamentario de Morena en la Cámara de Senadores,
Ricardo Monreal, prepara una iniciativa que busca regular las redes sociales, con el objetivo de que no censuren cuentas y vulneren la libertad de expresión, y que en caso de hacerlo, serían acreedores a multas de hasta 89 millones de pesos

Diputados de Morena propusieron una serie de reformas al artículo 73 de la Constitución, para que las llamadas “fake news” sean consideradas como un ataque a la seguridad nacional. 

Afirmaron que las noticias falsas “comprometen las decisiones de la sociedad” y aseguraron que pueden convertirse en un problema de seguridad infantil, ya que fomentan el ciberbullying en las redes sociales. 

La diputada de Morena, Aleida Alavez Ruiz, dijo que esta propuesta también buscaría erradicar los bots, pues consideró que es un peligro la existencia “de individuos que se dedican a lanzar ataques”.

También es un riesgo conocido la existencia de individuos que se dedican a lanzar ataques, muchas veces patrocinados por terceros, expresó.

Señalaron que el Gobierno de México siempre debe velar por la información de índole “tributaria, electoral” y, sobre todo, sanitaria.

Resaltaron que es un tema de ciberseguridad, ya que la población en general puede ser susceptible a las noticias falsas porque “inciden y permean” en su opinión.

Además, dijeron que buscan erradicar el ciberacoso, el robo de identidad, espionaje o intimidación

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Cisen grabó 40 videos de “tortura a testigos” en caso Iguala

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El extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) realizó 40 grabaciones de interrogatorios en los que varios testigos del caso Ayotzinapa que presuntamente estaban involucrados en la desaparición fueron torturados.

“Existe evidencia que sustenta que efectivamente la tortura se utilizó de forma generalizada”, aseguró el fiscal especial del caso, destacando que “tenemos más de 40 vídeos que fueron aportados a la investigación […] que muestra a funcionarios públicos interrogado de forma irregular y a través de tortura física o psicológica a estos presuntos culpables”. 

El material forma parte del expediente que tiene la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa; el cual documenta la manipulación «masiva y sistemática» de las evidencias para fabricar la verdad histórica, de acuerdo con Milenio.

Dichos interrogatorios se realizaron entre octubre de 2014 y enero de 2015. Los funcionarios consultados por el periodista Temóris Greko revelaron que en los videos aparecen el extitular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón; el jefe antisecuestros, Gualberto Ramírez; así como otros funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR), miembros de las fuerzas de seguridad y abogados de oficio asignados a la defensa de los detenidos.

El objetivo era «desinstalarlos” intelectual y emocionalmente, es decir que se olvidaran de lo que sabían que pasó, para que repitieran la verdad histórica. Por ello, los sometieron a tratos inhumanos.

La investigación determinó que la voz que se escucha en varios videos es la de Tomás Zerón, de acuerdo con un peritaje internacional. Además, en el expediente están documentados escenarios del crimen, fabricación de pruebas; destrucción o inutilización de evidencias; omisión de procedimientos y de líneas de investigación; indagatorias insuficientes o desestimadas; desprotección de lugares donde había elementos relevantes e intimidación de testigos, entre otras irregularidades.

Los videos están distribuidos en 57 carpetas digitales que también contienen pruebas forenses, incluidas las de los teléfonos celulares que fueron extraídos de forma ilegal por la PGR. La Unidad de Investigación del caso utilizará las evidencias y testimonios para sustentar denuncias penales por asociación delictuosa contra los sospechosos que falsificaron la investigación oficial.

Con información de Milenio

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