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La Internacional Villahermosa

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‘Gober precioso’ ingresa al Cereso de Cancún

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El exgobernador de Puebla, Mario Marín, fue trasladado- en medio de un operativo de seguridad- al cereso de Cancún, Quintana Roo, después de haber sido detenido por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) en Acapulco, Guerrero.

El hombre de 67 está implicado en el caso de tortura ejercida contra la periodista Lydia Cacho, quien fue amedrentada por sacar a la luz una red de pederastia que operaba en el estado de Quintana Roo.

Mario Marín fue trasladado de Acapulco a Quintana Roo a bordo de un avión pequeño que aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Cancún. Allí, elementos de la FGR lo recibieron e inmediatamente lo trasladaron a las instalaciones del Cereso.

Marín era buscado desde hace casi dos años, después de que en abril de 2019 una jueza de Quintana Roo emitiera una orden de aprehensión contra cuatro personas: el exgobernador, el empresario José Kamel Nacif, el exjefe de la policía estatal, Adolfo Karam, y su director de mandamientos judiciales, Juan Sánchez.

En el año 2005, tras la publicación de su libro “Los Demonios del Edén”, Lydia Cacho comenzó a ser perseguida por Kamel Nacif y Jean Succar Kuri. Los empresarios operaban en Cancún y, según la comunicadora, asistían a fiestas donde reinaba el abuso sexual contra menores de edad.

En ese entonces Nacif pactó con Mario Marín para proceder con la detención en contra de la periodista, por lo que se libró una orden de arresto por el delito de difamación y calumnia para trasladarla de Quintana Roo a Puebla.

Durante el trayecto, la mujer fue víctima de amenazas, tortura y violencia psicológica; por si fuera poco, tuvo que pagar 106 mil pesos de fianza para poder recuperar su libertad.

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Cisen grabó 40 videos de “tortura a testigos” en caso Iguala

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El extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) realizó 40 grabaciones de interrogatorios en los que varios testigos del caso Ayotzinapa que presuntamente estaban involucrados en la desaparición fueron torturados.

“Existe evidencia que sustenta que efectivamente la tortura se utilizó de forma generalizada”, aseguró el fiscal especial del caso, destacando que “tenemos más de 40 vídeos que fueron aportados a la investigación […] que muestra a funcionarios públicos interrogado de forma irregular y a través de tortura física o psicológica a estos presuntos culpables”. 

El material forma parte del expediente que tiene la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa; el cual documenta la manipulación «masiva y sistemática» de las evidencias para fabricar la verdad histórica, de acuerdo con Milenio.

Dichos interrogatorios se realizaron entre octubre de 2014 y enero de 2015. Los funcionarios consultados por el periodista Temóris Greko revelaron que en los videos aparecen el extitular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón; el jefe antisecuestros, Gualberto Ramírez; así como otros funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR), miembros de las fuerzas de seguridad y abogados de oficio asignados a la defensa de los detenidos.

El objetivo era «desinstalarlos” intelectual y emocionalmente, es decir que se olvidaran de lo que sabían que pasó, para que repitieran la verdad histórica. Por ello, los sometieron a tratos inhumanos.

La investigación determinó que la voz que se escucha en varios videos es la de Tomás Zerón, de acuerdo con un peritaje internacional. Además, en el expediente están documentados escenarios del crimen, fabricación de pruebas; destrucción o inutilización de evidencias; omisión de procedimientos y de líneas de investigación; indagatorias insuficientes o desestimadas; desprotección de lugares donde había elementos relevantes e intimidación de testigos, entre otras irregularidades.

Los videos están distribuidos en 57 carpetas digitales que también contienen pruebas forenses, incluidas las de los teléfonos celulares que fueron extraídos de forma ilegal por la PGR. La Unidad de Investigación del caso utilizará las evidencias y testimonios para sustentar denuncias penales por asociación delictuosa contra los sospechosos que falsificaron la investigación oficial.

Con información de Milenio

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