Las Fiscalías Anticorrupción del país, que son los órganos encargados de investigar los actos de corrupción cometidos principalmente por funcionarios públicos, han resuelto en dos años menos del 1% de las investigaciones que realizan.

Así lo reveló un estudio elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y la organización Tojil, en el que analizaron las condiciones, los recursos y los resultados de las fiscalías anticorrupción en 29 estados del país.

Los resultados de este trabajo arrojaron que entre el 2019 y el 2020 se iniciaron un total de 17 mil 982 investigaciones por corrupción en todo el país, pero sólo se resolvieron con sentencia condenatoria un total de 67.

Lo anterior se traduce a que en promedio sólo se obtuvieron 3 sentencias condenatorias y 35 investigaciones judicializadas por cada 749 investigaciones iniciadas, lo que es considerado como un resultado “insuficiente e insatisfactorio”, explicó la abogada de Tojil, Adriana Greaves.

De manera particular, se encontró que en este periodo en cuatro fiscalías no se judicializó ninguna investigación, 12 de 24 no obtuvieron sentencias condenatorias y sólo dos alcanzaron tasas de 10 y 13 por ciento de judicialización, las más altas a nivel general.

Lo anterior, explicó Greaves, deriva de que las fiscalías carecen de un diseño institucional adecuado, así como de capacidades, recursos y capital humano suficiente para su operación.

Por ejemplo, en el caso de los recursos, que analiza la cantidad y efectividad de los recursos materiales y financieros de las fiscalías, se encontró que en el período analizado se redujo el presupuesto de ocho fiscalías, pese a que su actuar ha sido calificado como de prioridad por el Gobierno Federal.

Así, en 2020 el promedio nacional de presupuesto fue de 25.4 millones de pesos. En contraste, la fiscalía que menos recursos obtuvo fue la de Tamaulipas, con 2.9 millones de pesos, mientras que el Estado de México tuvo el mayor, es decir 165.6 millones.

En cuanto al capital humano, que analiza el número de servidores públicos y su nivel de preparación, se descubrió que el número de elementos no sólo es bajo, sino que estos carecen de capacitación.

Nuevamente los resultados arrojaron que 24 fiscalías reportaron no dar capacitación a sus peritos, 18 no dieron capacitación a sus policías y sólo 16 dieron capacitación a sus ministerios públicos.

En términos nacionales, se concluyó que el promedio es de 12 ministerios públicos, 7 policías de investigación (que suelen ser prestados de otras áreas) y 4 peritos por cada fiscalía.

Por lo anterior ambas organizaciones emitieron una serie de recomendaciones a las autoridades del país para que implementen una política de priorización de los casos en materia de corrupción, establezcan un modelo de organización para los ministerios públicos que les permita dar un puntual seguimiento a las investigaciones y establecer una Unidad de Análisis e Inteligencia Especializada en hechos de corrupción.