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La Internacional Villahermosa

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En Mazatlán pedirán certificado de vacunación para acceder a establecimientos

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La inmunización contra el COVID-19 avanza favorablemente a nivel nacional y millones de mexicanos ya cuentan con su esquema completo, por lo que ya pueden tramitar su certificado de vacunación.

Dicho documento al parecer será un requisito para poder acceder a ciertos lugares y la primera entidad que ha tomado esta decisión es el municipio de Mazatlán, Sinaloa.

Así lo dejó en claro el alcalde de la entidad, Luis Guillermo Benítez, quien informó que a partir del próximo lunes 2 de agosto solo podrán ingresar a lugares públicos las personas que acrediten estar vacunados con ambas dosis del biológico contra el virus del SARS-CoV-2.

Los lugares a los que no podrán ingresar si no presentan su certificado de vacunación son: bares, discotecas, centros nocturnos, cantinas, espacios públicos y restaurantes.

De acuerdo con el alcalde Mazatlán, las autoridades vigilarán que dichos establecimientos exijan al público presentar el documento oficial.

La disposición aplica tanto para residentes como para visitantes, quienes además deberán seguir respetando las medidas sanitarias establecidas por las autoridades de Salud como es el uso correcto de cubrebocas, mantener la sana distancia y el lavado constante de manos.

Ante el incremento de casos de contagio y ante las nuevas medidas establecidas, Luis Guillermo Benítez exhortó a la población que aún no acude a vacunarse a que vayan a los módulos de vacunación para que les sea suministrada la primera dosis.

Por otra parte, el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, informó que se adelantará la vacunación contra el COVID-19 para personas de 18 a 29 años para evitar que el virus se siga propagando.

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Cisen grabó 40 videos de “tortura a testigos” en caso Iguala

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El extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) realizó 40 grabaciones de interrogatorios en los que varios testigos del caso Ayotzinapa que presuntamente estaban involucrados en la desaparición fueron torturados.

“Existe evidencia que sustenta que efectivamente la tortura se utilizó de forma generalizada”, aseguró el fiscal especial del caso, destacando que “tenemos más de 40 vídeos que fueron aportados a la investigación […] que muestra a funcionarios públicos interrogado de forma irregular y a través de tortura física o psicológica a estos presuntos culpables”. 

El material forma parte del expediente que tiene la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa; el cual documenta la manipulación «masiva y sistemática» de las evidencias para fabricar la verdad histórica, de acuerdo con Milenio.

Dichos interrogatorios se realizaron entre octubre de 2014 y enero de 2015. Los funcionarios consultados por el periodista Temóris Greko revelaron que en los videos aparecen el extitular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón; el jefe antisecuestros, Gualberto Ramírez; así como otros funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR), miembros de las fuerzas de seguridad y abogados de oficio asignados a la defensa de los detenidos.

El objetivo era «desinstalarlos” intelectual y emocionalmente, es decir que se olvidaran de lo que sabían que pasó, para que repitieran la verdad histórica. Por ello, los sometieron a tratos inhumanos.

La investigación determinó que la voz que se escucha en varios videos es la de Tomás Zerón, de acuerdo con un peritaje internacional. Además, en el expediente están documentados escenarios del crimen, fabricación de pruebas; destrucción o inutilización de evidencias; omisión de procedimientos y de líneas de investigación; indagatorias insuficientes o desestimadas; desprotección de lugares donde había elementos relevantes e intimidación de testigos, entre otras irregularidades.

Los videos están distribuidos en 57 carpetas digitales que también contienen pruebas forenses, incluidas las de los teléfonos celulares que fueron extraídos de forma ilegal por la PGR. La Unidad de Investigación del caso utilizará las evidencias y testimonios para sustentar denuncias penales por asociación delictuosa contra los sospechosos que falsificaron la investigación oficial.

Con información de Milenio

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