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El polémico plan de Canadá para expandir el acceso a la eutanasia a las personas con enfermedades mentales

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Mientras Canadá se prepara para ampliar su ley sobre la eutanasia para incluir a las personas con enfermedades mentales, algunos en el país, entre ellos muchos médicos, se preguntan si la legislación sobre la muerte asistida ha ido demasiado lejos y muy rápido.

La doctora Madeline Li aún recuerda al primer paciente al que ayudó a morir, aproximadamente un mes después de que Canadá legalizara la eutanasia en 2016. “Recuerdo lo surrealista que fue”, dijo.

Como psiquiatra en el Hospital Princesa Margaret de Toronto, recordó haber consultado a su paciente ese día, preguntándole si tenía la música y la comida final adecuadas, y si estaba segura de que quería seguir adelante. La paciente, de unos 60 años y que sufría de cáncer de ovario.

Cinco minutos después, la mujer estaba muerta.

“El primero fue como saltar de un precipicio. Luego pasa el tiempo y se normaliza”, dijo Li, quien desde entonces ha supervisado médicamente cientos de casos de muerte asistida.

La doctora enfatizó repetidamente que las opiniones personales de un médico no deberían influir en cómo evalúan a un paciente. Sin embargo, admitió que tiene preocupaciones significativas sobre la expansión de la eutanasia más allá de los enfermos terminales. Li no es la única que tiene sus reservas.

Desde 2016, el programa de asistencia médica para morir de Canadá, conocido por sus siglas ‘MAID’, ha estado disponible para adultos con enfermedades terminales. En 2021, se modificó la ley para incluir a las personas con afecciones físicas graves y crónicas, incluso si esa afección no representaba una amenaza para la vida.

Y este año se espera que sufra una nueva reforma para incluir a los que sufren enfermedades mentales.

Esta ampliación ha provocado controversia y ha generado preocupaciones de que sea demasiado fácil para las personas vulnerables morir en Canadá. Esos temores han sido avivados por una serie reciente de informes que sugieren que, para algunos, la muerte es una alternativa a una red de seguridad social rota.

“Presentar la muerte como una solución pone en desventaja a las personas más vulnerables y, de hecho, libera a la sociedad del apuro”, dijo Li.

“No creo que la muerte deba ser la solución de la sociedad para sus propios fracasos”, agregó.

La muerte asistida médicamente llegó a Canadá a través de los tribunales. En 2015, la Corte Suprema dictaminó que prohibir el suicidio asistido privaba a los canadienses de su dignidad y autonomía. Asimismo, le dio al Parlamento un año para legislar sobre el asunto.

En 2016 se legalizó la eutanasia para los mayores de 18 años con una condición grave e irreversible y cuya muerte era “razonablemente previsible”.

En su primer año de aplicación poco más de mil personas fueron ayudadas a morir, un número que ha crecido cada año desde entonces. En 2021, las cifras más recientes disponibles, hubo 10 mil 064 casos, lo que representa el 3,3% de todas las muertes en Canadá.

La muerte de los enfermos terminales a menudo puede ser cruel y lenta, explicaron los médicos a la BBC. En sus últimos días los pacientes se la pasan entrando y saliendo de una conciencia drogada. La existencia de la muerte asistida en estos casos, dijeron los médicos, se convirtió en un bálsamo.

“Casi cada vez que considero que un paciente es elegible (para MAID), ese paciente deja de preocuparse por cómo va a morir y comienza a preguntarse cómo va a vivir”, dijo la doctora Stefanie Green, presidenta de la Asociación Canadiense de Asesores y Proveedores de Muerte Asistida.

“Es objetivamente terapéutico darle a alguien la opción”, dijo.

La expansión del MAID el año pasado siguió a otra decisión judicial, luego de que dos pacientes con enfermedades degenerativas de Montreal presentaran una demanda.

El fallo colocó a Canadá en el puñado de países, incluidos Bélgica y Países Bajos, que permiten la muerte asistida médicamente para quienes no sufren una enfermedad terminal.

El cambio incluyó a personas cuya única condición médica era una enfermedad mental, pero con una advertencia: las solicitudes para suicidio asistido por razones psiquiátricas se retrasarían dos años, mientras el gobierno federal establecía las salvaguardas adecuadas.

La ampliación que se avecina ha desatado un intenso debate y, para algunos, ha sembrado dudas sobre el programa para los enfermos que no son terminales.

Los primeros críticos incluyen a tres expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas, quienes escribieron al gobierno federal en 2021 advirtiendo que la reforma podría devaluar la vida de las personas discapacitadas al implicar que una discapacidad grave es peor que la muerte.

Una serie de informes que sugieren que algunos canadienses han optado por la muerte asistida, al menos en parte porque no podían pagar una vivienda adecuada. Esto también ha generado temores de que podría usarse como solución para los problemas sociales; es decir que la gente opte por morir debido a la pobreza, falta de vivienda o soledad extrema.

“Dejar que la gente tome esta decisión (de morir) porque el Estado no está cumpliendo con los derechos humanos fundamentales es inaceptable”, dijo Marie-Claud Landry, comisionada en jefe de la Comisión de Derechos Humanos de Canadá, en un comunicado emitido en mayo.

Desde el gobierno federal sostienen que la ley reformada ampliada protege a los canadienses vulnerables y respeta la autonomía del paciente. Los solicitantes con afecciones graves e incurables pero que no ponen en peligro la vida deben ser evaluados por dos médicos independientes y pasar por un período de espera de 90 días.

Los defensores de la muerte asistida insisten en que las protecciones existentes son lo suficientemente fuertes.

“Veo las medidas de seguridad en su lugar y las veo funcionando”, dijo Green.

“No soy ingenua, lo entiendo, la falta de apoyo en nuestra comunidad (por discapacidad, por ingresos y vivienda) contribuye al sufrimiento de una persona”, dijo. “Pero en sí mismo, si eso es lo que motiva a las personas a postularse, no serán elegibles”.

Derryck Smith, psiquiatra de Vancouver y miembro de la organización Dying with Dignity (Morir con dignidad), le dijo a la BBC que las disposiciones legales aseguran que solo una pequeña fracción de los canadienses sin diagnósticos terminales sean elegibles para MAID. “Mire las estadísticas”, dijo.

En 2021, la edad promedio de un beneficiario del suicidio asistido fue de 76 años. El 80% había recibido cuidados paliativos y el 65%tenía cáncer.

Pero la inclusión de la salud mental ha generado otro conjunto de preocupaciones. El mes pasado, ante las crecientes críticas, el gobierno canadiense dijo que aplazaría la decisión de incluir las enfermedades mentales, programada para marzo, para permitir estudios adicionales.

“Queremos ser prudentes, queremos avanzar paso a paso, para no cometer errores”, dijo el ministro de Justicia, David Lametti.

Gran parte de la controversia se centra en la “irremediabilidad” de una enfermedad mental, es decir, si es incurable y cómo podría evaluarse. Para que una persona sea elegible para la eutanasia en Canadá, su condición debe considerarse irreparable.

La Asociación Canadiense de Salud Mental advirtió que “no es posible” determinar si algún caso particular de enfermedad mental es incurable y se opone firmemente a la decisión gubernamental.

Algunos psiquiatras destacados, como Karandeep Sonu Gaind, de la Universidad de Toronto, han dicho que las probabilidades de predecir la curabilidad son peores que lanzar una moneda al aire.

Ahora no está claro cuándo entrará en vigor la reforma de la ley de muerte asistida. Lametti no dijo cuánto duraría la suspensión, pero hay indicios de que la misma es temporal, ya que los tribunales probablemente considerarían inconstitucional tal medida.

“Estamos escuchando las observaciones y respondiendo”, dijo Lametti el mes pasado. “Sabemos que tenemos que hacer esto bien”.

Li celebró la decisión del gobierno, diciendo que los proveedores de atención médica ahora pueden tener la oportunidad de establecer salvaguardas adecuadas.

“El momento de debatir sobre hacer esto ha terminado”, dijo. “Lo que tenemos que comenzar a hablar es de cuándo y cómo vamos a hacerlo bien”.

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Una provincia de Canadá prueba la despenalización de las drogas duras

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La provincia de Columbia Británica, al oeste de Canadá, autorizó la despenalización de las drogas duras en cantidades pequeñas, esto como un cambio drástico en la polícia antidrogas con el fin de detener la crisis de opáceos, que han matado a miles de canadienses.

La región es la primera provincia canadiense en experimentar esta excepción, aplicada hasta ahora solo en Oregón (Estados Unidos) y en Portugal. Entre las drogas que destacan en la despenalización son la heroína y el fentanilo.

A partir del martes y durante un periodo de tres años, los adultos podrán llevar hasta 2.5 gramos de droga para uso personal. Hasta ahora, los casos más graves de posesión de drogas duras han implicado multas y penas de prisión.

En mayo pasado, al anunciarse el desarrollo de esta medida, la jerarca había precisado que el proyecto podría aplicarse en otras provincias. Columbia Británica, epicentro de esta crisis en Canadá, ha registrado más de 10 mil muertes por sobredosis desde que declaró el estado de emergencia sanitaria en 2016. Eso supone el deceso de seis personas al día.

Y durante la primera ola de la pandemia de covid-19, en mayo de 2020, el número de muertes relacionadas con sobredosis en la Columbia Británica superó al número de muertos por el coronavirus, sumiendo a la provincia en una doble crisis de salud. Canadá ha invertido más de 800 millones de dólares canadienses (unos 597 millones de dólares) desde 2017 para responder a la crisis de los opiáceos, que ha sido en gran parte responsable del estancamiento de la esperanza de vida en los últimos años.

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