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La Internacional Villahermosa

Nacionales

Dos expresidentes del PRI, investigados por caso Lozoya

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La Fiscalía General de la República (FGR) investiga a todos los que integraban el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos por la compra irregular de la planta de Agro Nitrogenados.

Fuentes ministeriales confirmaron que el pasado 27 de septiembre de 2019, la FGR recibió una denuncia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la que no sólo el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, está señalado por las irregularidades de la compraventa de la planta de fertilizantes.

Con esto, la FGR inició una carpeta de investigación sobre los señalamientos de la ASF de que la planta no sólo fue comprada a sobreprecio y que su rehabilitación ha salido más cara de lo que se calculó, sino que 85 de los bienes que le costaron a Pemex aproximadamente 199.2 millones de pesos y que se vendieron como chatarra representaron una pérdida de más de 182.4 millones de pesos.

A la fecha, la carpeta permanece en integración, aún no ha sido presentada ante un juez federal y tampoco se han solicitado las comparecencias de los 38 exfuncionarios y asistentes señalados como probables responsables.

En la denuncia, a la que EL UNIVERSAL tuvo acceso, la ASF señaló que la compra de la planta fue realizada a través de Grupo PMI y no de Pemex Petroquímica, como correspondía según el decreto que estableció la estructura, funcionamiento y control de los organismos subsidiarios de Petróleos Mexicanos.

Para ello, Lozoya Austin, exdirector de Pemex, argumentó en sesión del 17 de diciembre de 2013 del Consejo de Administración, que había premura del gobierno federal para efectuar la producción de fertilizantes y que ninguno de los integrantes del consejo hiciera manifestación alguna para “evitar la consumación de un hecho irregular”.

“Al llevar la adquisición a través de Grupo PMI, se evitó que este proceso fuera del conocimiento del Comité de Estrategia e Inversión de Pemex Petroquímica y su Consejo de Administración, única empresa autorizada en el decreto antes mencionado para llevar a cabo la producción de productos petroquímicos y quienes contaban con la experiencia y especialización para realizar una adquisición de estas características”, señaló la Auditoría Superior de la Federación.

“Los integrantes del Consejo de Administración de Pemex tomaron conocimiento de actos indebidos al margen del marco jurídico que lo regula y sin realizar los pronunciamientos que sobre este aspecto estaban dentro de sus facultades para atender que la operación de compra de activos de la planta de Agro Nitrogenados se realizara por conducto de Pemex-Petroquímica”, indicó.

Por ello, la Auditoría Superior de la Federación identificó en su denuncia a los principales responsables de entre los 38 funcionarios y consejeros de Pemex, PMI Holdings, PMI Norteamérica, PMI Infraestructura y Desarrollo y Pro Agroindustria, involucrados en la operación.

Además de Lozoya Austin, en la lista aparecen Edgar Torres Garrido, entonces asesor Ejecutivo del exdirector de Pemex; José Manuel Carrera Panizzo, exconsejero propietario y presidente del Consejo de Administración de PMI Norteamérica y apoderado legal de Agro Nitrogenados; Pedro Joaquín Coldwell, quien era secretario de Energía y consejero presidente del Consejo de Administración de Pemex, y Enrique Ochoa Reza, en ese momento subsecretario de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía.

También Leonardo Fabio Beltrán Rodríguez, en ese momento subsecretario de Planeación y Transición Energética de la SE, y Miguel Messmacher Linartas, exsubsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

La ASF indicó que el daño por la adquisición de la planta es de 93.2 millones de dólares y que esta operación se realizó sin los estudios previos de integridad mecánica de equipos ni la revisión técnica de los bienes para clasificar los activos.

Esto provocó que una vez concretada la compraventa, se detectó que 60% de los activos de Agro Nitrogenados eran chatarra, de los cuales 85 bienes que tuvieron un costo de adquisición de 15.5 millones de dólares, unos 199.2 millones de pesos, tuvieron que venderse como tal en distintas fechas hasta julio de 2016. Como producto de la venta de esta chatarra, Pemex recibió 16.8 millones de pesos, lo que generó una pérdida de 182.4 millones de pesos.

“En el proyecto de inversión que dio a conocer Emilio Lozoya en la sesión del 17 de diciembre, se consideró como costo de la rehabilitación de la planta 180 millones de dólares, muy por debajo del que dio a conocer la Dirección Corporativa de Operaciones de Petróleos Mexicanos, con anticipación a la fecha de compra, por 406.4 millones de dólares, montos que inclusive resultan inferiores a los 453.2 millones de dólares que han sido erogados a diciembre de 2018”, apuntó la ASF.

Esta investigación es diferente a la carpeta que la FGR judicializó el año pasado, por la que Lozoya Austin está vin- culado a proceso por lavado de dinero en la causa penal 211/2019 y en la que pretende llevar a la justicia también a Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México, S. A., empresario vendedor de Agro Nitrogenados.

En esa carpeta, que se inició en mayo de 2019 luego de que Pemex y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentaron denuncias, Joaquín Coldwell solicitó a la FGR que lo cite para informarle sobre la posible relación que tiene en el asunto.

El diario EL UNIVERSAL informó el pasado 21 de julio que la FGR preparó varias solicitudes para citar a comparecer a los exintegrantes del Consejo de Administración de Pemex, entre los que se cuentan Joaquín Coldwell, los exsecretarios Ildefonso Guajardo, de Economía, y Luis Videgaray, de Hacienda, para entrevistarlos sobre la compra irregular de la planta.

Fuente: El Universal

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Fondos Catastróficos no transfirieron recursos para cáncer de mama y niños: ASF

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La Auditoría Superior de la Federación encontró que durante el 2019 el Fondo de Gastos Catastróficos no transfirió al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) 324 mil 731 millones 6 mil pesos correspondientes a 12 mil 726 casos de intervenciones, principalmente de la Fundación de Cáncer de Mama (FUCAM) y del Instituto Nacional de Pediatría (INP).

En la revisión de la Cuenta Pública 2019, correspondiente al primer año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, detectaron el adeudo por 124 millones 750 mil 1 pesos del prestador de servicios FUCAM, A.C., para la atención de mujeres con cáncer de mama y al Instituto Nacional de Pediatría por 412 casos de intervenciones 39 millones 383 mil 5 pesos.

La Cuenta Pública detalla la falta de la integración de los beneficiarios de 59 mil 571 casos de intervenciones con estatus de “pagado” con recursos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, ya que sólo se proporcionó la base de datos de los 72,297 casos de intervenciones que fueron autorizadas para su financiamiento.

Asimismo, no se formalizó el acta de la Comisión de Evaluación y Seguimiento del Convenio Modificatorio al Convenio de Colaboración formalizado con el FUCAM, A.C., mediante la cual se actualizan los Anexos 1 “Unidades médicas, prestadores de servicios y servicios de objeto de apoyo financiero”, 2 “Protocolos de atención médicas” y 3 “Tabulador de Apoyo Financiero” para la prestación de servicios médicos hospitalarios de intervenciones consideradas como gastos catastróficos.

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