Cancelar los proyectos de infraestructura insignia de la administración que ya están en marcha, como lo son el Tren Maya y en Nuevo Aeropuerto de Santa Lucía, provocaría problemas en las finanzas públicas del país, advirtió Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Durante su comparecencia en el pleno de San Lázaro, que duró alrededor de cinco horas, el funcionario respondió a los cuestionamientos que se le hicieron sobre la desconfianza en estos proyectos. Algunos señalamientos, como el del diputado Roberto Rubio del Partido Verde, plantearon que estas obras “no se reflejarán en un mayor desarrollo económico para la región, ni tendrán un impacto significativo en el bienestar de sus habitantes”.

Ramírez de la O respondió que los proyectos de inversión tienen un efecto económico multiplicador para la región en la que son implementados, además de beneficiar al país en el desarrollo de bienes, servicios, empleos e infraestructura.

“Al ser proyectos en proceso, si existiera un escenario donde se propone la cancelación de los proyectos de inversión, el costo sería muy elevado, ya que implicaría la cancelación de los empleos directos e indirectos ya existentes, así como costos legales involucrados, contratos pendientes de liquidar, juicios y demandas que se generarían, por lo que el monto por cancelar podría aumentar considerablemente y traería consigo problemas relevantes a las finanzas públicas”, aseveró.

En el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2022, agregó el funcionario, se proponen diversos proyectos de inversión, como el Tren Interurbano México-Toluca, con un gasto de 7,000 millones de pesos, así como 45,000 millones de pesos para la construcción de la refinería de Dos Bocas. También se propone destinar 11,031 millones de pesos al Aeropuerto Internacional de Tulum y 658 millones de pesos a la ampliación de la Línea 1 del Tren Suburbano.

Destacó el gasto propuesto al Parque Ecológico del Lago de Texcoco, con 2,100 millones de pesos; el desarrollo del Istmo de Tehuantepec, por 10,000 millones; el Espacio Cultural de Los Pinos y el Bosque de Chapultepec, de 3,824 millones de pesos; así como los proyectos prioritarios de construcción y mantenimiento de las vías de comunicaciones y transporte, de la SCT, por 24,396 millones.

“Un elemento clave para lograr la sostenibilidad de la recuperación económica de México es la inversión. Por eso, este Paquete Económico considera un gasto en inversión pública de alrededor de 1 billón de pesos, ubicándose en 3.1% del PIB”, indicó en su discurso el secretario de Hacienda.

Otro de los temas sobre los que fue cuestionado el funcionario fue los apoyos del gobierno a Petróleos Mexicanos (Pemex), luego de que en el Paquete Económico 2022 se propone una reducción a su carga fiscal de 54 a 40 por ciento.

“No puedo dejar de mencionar la delicada situación de Pemex que, como empresa productiva del Estado, ha financiado por décadas a las finanzas públicas. Hoy, esto ya cambió. Por el contrario, tal parece que actualmente son las finanzas públicas las que financian a Pemex”, criticó la diputada priista Blanca María del Socorro Alcalá.

Ramírez de la O explicó que la reducción del DUC a Pemex se da para aliviar su problema de liquidez, lo que se reflejará en la mejoría de los flujos de efectivo para la petrolera.

“Hemos aportado 480,000 millones de pesos a Pemex en los últimos tres años por apoyo a sus problemas de liquidez y de alto endeudamiento, que no ha sido causado en esta administración, hay que decirlo. Al mismo tiempo, estamos recibiendo más de 1 billón de recaudación por el impacto que tiene su actividad económica sobre las finanzas públicas. Entonces, ahí está la explicación de por qué seguimos apoyando a Pemex, porque sigue siendo una empresa viable, con una alta tasa de retorno”, defendió Ramírez de la O.

Respecto al Régimen Simplificado de Confianza, que se incluye en la propuesta de Miscelánea Fiscal del 2022, Ramírez de la O apuntó que éste tiene como fin incorporar a más contribuyentes a la formalidad, a través de la facilitación de sus obligaciones fiscales, y no busca ser un régimen enfocado a recaudar más.

“Hay un par de estimaciones que están circulando en el sentido de que el Régimen de Confianza en realidad es un régimen que va a representar una carga mayor que el que representa actualmente el régimen vigente. Eso me parece erróneo. La motivación para este Régimen de Confianza no es recaudatoria, no estamos tratando de sacar más de un sector de pequeños contribuyentes, porque no es ese el propósito. El propósito es incorporar más contribuyentes”, subrayó.

Estimó que este nuevo régimen beneficiará a 82% de las personas físicas inscritas en el padrón de contribuyentes del SAT, así como 96% de las personas morales. Agregó que en países con modelos de tributación similares, el aumento en la base de contribuyentes fue entre 15 y 30 por ciento.

“Esto se entiende así porque son regímenes muy fáciles y los contribuyentes (…) no están buscando cómo no pagar sino que no les estorbe el gobierno para (realizar) su actividad económica”. aseguró.

“Queremos respuestas veraces y también necesitamos un gobierno empático con los ciudadanos y con lo que sucede día a día en nuestro país”, lanzaba el diputado Sergio Barrera Sepúlveda, de MC, quien previamente acusó al gobierno actual de tardar en responder ante la crisis sanitaria, política, social y económica que impera en el país.