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La Internacional Villahermosa

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Aplazan audiencia de Lozoya por caso Odebrecht

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El juez federal Gerardo Alarcón López otorgó una última prórroga al ex director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, en el caso Odebrecht, debido a que la Fiscalía General de la República no le ha entregado declaraciones clave de directivos de la constructora brasileña en este entramado de corrupción.

Durante una nueva audiencia en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en el reclusorio Norte, el juzgador fijó para el próximo 10 de marzo a las 12:15 horas la comparecencia en la que se definirá si Lozoya Austin irá a juicio o llegará a un arreglo con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

El juez aceptó los argumentos de la defensa del ex director de Pemex respecto a que no han tenido acceso a declaraciones de directivos de Odebrecht que señalan a Emilio Lozoya y que serían utilizados en un eventual juicio.

Alejandro Rojas, abogado de Lozoya, reveló que la FGR les entregó el jueves pasado ocho discos compactos con 46 archivos y aproximadamente 900 hojas, así como cuatro videos con 4 horas y 43 minutos de duración en total, en idioma extranjero, material que no han podido terminar de revisar.

La madre de Emilio Lozoya, Gilda Margarita Austin y Solís, también imputada en el caso, pidió la palabra para enviar un mensaje al presidente López Obrador.

“Siento que lo mejor es que lleguemos a un acuerdo, es lo mejor para todas las partes (…) Confío en el sentido humano y de justicia del Presidente”, pidió desde su casa, donde compareció a través de videoconferencia.

La madre de Lozoya Austin, por quien la FGR pide más de 22 años de cárcel por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa, afirmó que su hijo ha cumplido en denunciar y no se ha negado a pagar menos de lo que las autoridades solicitaron como monto por la reparación del daño.

Gilda Margarita Austin y Solís lamentó estar involucrada en estos actos delictivos, recordó que en Alemania, donde fue detenida, estuvo en cinco cárceles diferentes, y lleva más de mil días en prisión domiciliaria y tres años sin ver a sus nietos. “Sigo esperando que las autoridades tomen una resolución”.



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El Salvador abre cárcel para pandilleros, la más grande de Latinoamérica

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 En El Salvador entró en funciones el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la cárcel más grande de Latinoamérica y construida para la reclusión de integrantes de pandillas, a los que las autoridades responsabilizan de la mayoría de los crímenes que se cometen en el país.

La nueva megacárcel donde serán recluidos 40 mil presuntos pandilleros es una “pieza fundamental” para ganar la guerra a la delincuencia en El Salvador, afirmó la noche del miércoles el presidente Nayib Bukele, tras recibir elogios y críticas al presentar la prisión.

La gigantesca prisión, en una aislada zona rural y dotada de mucha tecnología, es la “más grande de América”, según el gobierno salvadoreño. Fue construida en virtud del régimen de excepción con el cual Bukele combate a las violentas maras o pandillas, que antes controlaban la mayor parte del territorio salvadoreño.

El presidio “de máxima seguridad”, cuyo costo no ha sido revelado, fue construido en un predio de 166 hectáreas, 23 de las cuales alojan una decena de pabellones, explicó el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez

Cuenta con muros de concreto reforzado, celdas con barrotes de acero en las ventanas, cámaras de seguridad por doquier, escáner de cuerpo entero para quienes ingresen al lugar, siete torres de vigilancia y un muro perimetral electrificado de 11 metros de altura y 2.1 kilómetros, que será vigilado día y noche por 600 soldados y 250 policías.

Guardias armados con pistolas y fusiles de asalto estarán a cargo de la vigilancia de los reos. Equipos electrónicos bloquearán las señales de teléfonos celulares impidiendo la comunicación desde el penal.

Bukele denunció que los gobiernos anteriores “tenían a los pandilleros (presos) con prostitutas, con (equipos de) PlayStation, con pantallas, con teléfonos celulares, con computadoras (…), premiando al delincuente”.

Los masivos arrestos, criticados por organizaciones de derechos humanos, se amparan en un régimen de excepción que permite detenciones sin orden judicial. Fue aprobado por el Congreso a instancias de Bukele en respuesta a una escalada homicida que cobró la vida de 87 personas del 25 al 27 de marzo pasado.

En el marco del régimen de combate a pandillas, un sondeo de la firma CIG-Gallup reveló que 90% de los salvadoreños evalúa bien o muy bien la gestión de Bukele.

  • El penal será vigilado por guardias armados con pistolas y fusiles de asalto.
  • Equipos electrónicos bloquearán las señales de teléfonos celulares impidiendo la comunicación desde el penal.
  • El penal es cercado con un muro perimetral electrificado de 11 metros de altura y 2.1 kilómetros.
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